- La petición de reforma a la Ley contra el Odio por parte de Delcy Rodríguez generó pronunciamientos de diversos sectores, quienes recuerdan su uso restrictivo desde 2017.
- Mientras diversos sectores exigen la anulación total del texto, otros evalúan el impacto de los cambios planteados en el marco de la reinstitucionalización democrática.
La petición presentada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para reformar con carácter de urgencia la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, provocó inmediatas reacciones por parte de defensores de derechos humanos, voceros políticos y gremios del país.
El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, se pronunció a través de la red social X para insistir en la anulación completa del texto legal. Murillo precisó que este planteamiento ha sido elevado en todos los espacios de diálogo político establecidos tras los acontecimientos del 3 de enero. «Hemos planteado desde Provea en todos los espacios posibles, la urgente derogatoria del marco jurídico que ha permitido la criminalización de los derechos ciudadanos», aseveró el activista.
Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) sumó su posición a favor de dejar sin efecto la norma aprobada en 2017. La organización gremial enfatizó el impacto punitivo de la legislación sobre la labor informativa: «el CNP reitera que este instrumento debe ser Derogado por su carácter punitivo y discrecional que viola derechos constitucionales, entre ellos derecho a la libertad de expresión».
Mediante un comunicado oficial emitido este martes, la Asamblea Nacional electa en 2015 abordó el anuncio sobre la modificación parcial del texto legal. El parlamento opositor sostuvo que, desde su promulgación, la ley funcionó como un mecanismo para la persecución de la disidencia, expresando su respaldo a las víctimas y familiares afectados por su aplicación. La delegación legislativa enmarcó este proceso en las conversaciones orientadas a la reinstitucionalización del país y la celebración de comicios libres.
«Desde la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 trabajamos para desmontar los instrumentos que han restringido los derechos y las libertades de los venezolanos», señala el documento. En el texto, la instancia parlamentaria indicó que permanecerá atenta a que la reforma «cumpla con los fines democratizadores, de acuerdo a lo conversado, y contribuya al restablecimiento de los derechos y las garantías ciudadanas».
Asimismo, reconocieron el esfuerzo continuo de las organizaciones civiles y advirtieron sobre la vigencia de otros mecanismos represivos, concluyendo: «Seguimos avanzando hacia la democracia. Cada paso debe contribuir a recuperar las instituciones, garantizar los derechos de todos los venezolanos y devolver al pueblo el ejercicio pleno de su soberanía mediante elecciones justas, libres y transparentes».
Ley contra el Odio fue aprobada en 2017 por Rodríguez
La Ley contra el Odio fue aprobada originalmente bajo la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, un instrumento que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU ha cuestionado de manera sostenida desde su adopción.
La iniciativa actual ha abierto un debate en entornos digitales, donde se registran opiniones contrapuestas entre quienes exigen la derogación absoluta y quienes expresan dudas sobre el alcance de las modificaciones anunciadas.
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