- Tras seis días de negociaciones, las delegaciones pactaron reiniciar la elección de magistrados del máximo tribunal y auditar el acceso a reservas en el exterior.
- Analistas señalan que este equilibrio de intereses podría sentar las bases para una transición institucional en el país.
Seis días le tomó a la Asamblea Nacional (AN) 2015 y al gobierno interino de Venezuela, alcanzar un primer acuerdo en la mesa de diálogo impulsada por Estados Unidos. Del 6 al 12 de agosto, ambas delegaciones se reunieron en cinco sesiones de trabajo en mesas técnicas y en cinco plenarias, para dar a conocer al país que se iniciará un nuevo proceso de postulación para renovar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Politólogos consideran que este es un paso concreto para lograr la institucionalidad en Venezuela y avanzar hacia una transición democrática.
Dinorah Figuera, representante de la delegación de la oposición democrática, dijo el lunes 12 de agosto en un pronunciamiento conjunto con el Gobierno, que habrá una «transformación del sistema de justicia nacional, y eso implica:
«Reformar la Ley Orgánica del TSJ y otras leyes del sistema de justicia; renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales; activar un nuevo proceso de postulación para designar magistrados; conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al TSJ para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación».
Mientras que Jorge Rodríguez, quien dirige la delegación oficial, señaló que «ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra. Estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos, para garantizar el bienestar de todos los afectados». Esto con el propósito de atender a las víctimas de los terremotos del 24 de junio.
«Balance de intereses»
Para Jesús Castellanos Vásquez, politólogo, el hecho que el país se acerque a tener un nuevo TSJ, es un paso positivo. Considera que en este primer cronograma de trabajo hay un «balance de intereses».
Por el lado del Gobierno, que define como el «Rodrigato», porque está liderado por Jorge Rodríguez, presidente de la AN 2025 y hermano de la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el interés principal es ganar tiempo en el poder y lograr la liberación de los activos de la nación, que han sido sancionados por Gran Bretaña, y que según una publicación de Reuters del 13 de agosto, se trata de reservas de oro (31 toneladas métricas), valoradas en unos 4.000 millones de dólares, depositadas en las bóvedas subterráneas del Banco de Inglaterra.
«En un proceso de negociación siempre se debe verificar cuáles son los intereses de cada parte para evaluar qué tanto se acercan a sus objetivos. ‘Al Rodrigato’ le beneficia este acuerdo, porque se abren posibilidades de acceder al oro, bajo auditoría y revisión, por supuesto, y porque están ganando tiempo al priorizar la discusión del TSJ sobre el tema electoral», expresó Castellanos.
Mientras que la oposición, representada en 10 diputados de la AN 2015, de los cuales nueve estaban en el exilio porque fueron perseguidos políticos y uno, Macario González, estuvo preso por más de 60 días en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), su principal interés es acercarse a la institucionalidad.
«La oposición puede estar cediendo en el tema del oro, pero está avanzando en la reconstrucción institucional, que es el objetivo claro que han presentado en la mesa, conforme a lo establecido en la Constitución. Ahora hay una oportunidad clara para avanzar hacia la democracia», opinó.
Esto se logra a pesar de que el gobierno interino ya estaba bien avanzado en la tarea de elegir a los nuevos magistrados del TSJ. El 12 de mayo la AN 2025, aprobó en segunda discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ, incrementando el número de magistrados de 20 a 32.
Mientras que el 23 de junio, este parlamento informó que el Comité de Postulaciones Judiciales se encontraba entrevistando a los juristas que aspiraban ser magistrados y habían recibido 613 postulados.
Tras la firma de estos acuerdos en la mesa de diálogo, todo el proceso de renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales y de postulación de magistrados del TSJ, arranca desde cero, según consideran analistas políticos consultados.
«Lo que prevé este escenario, es que la mesa de negociación acordará quiénes serán los magistrados del TSJ y los rectores del CNE. Y la AN de 2025 se encargará de ejecutar la designación formal conforme a los pasos que establece la Constitución», argumentó Castellanos.
¿Qué dice la norma?
La Constitución establece las pautas para escoger a los magistrados del TSJ. El artículo 263 señala los requisitos que deben cumplir los postulados y principalmente son: ser ciudadanos con reconocida honorabilidad, gozar de buena reputación, haber ejercido por mínimo 15 años la abogacía, tener un doctorado, haber sido profesor universitario en la categoría de profesor titular, entre otros.
Mientras que el artículo 264, establece cómo se deben escoger los magistrados.
«Podrán postularse candidatos ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional (AN), la cual hará la selección definitiva. Los ciudadanos podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la AN», señala la carta magna.
«Cuando vemos que en la mesa de negociación se habla de la renovación total del TSJ, ya se trata de un asunto de envergadura. Esa escogencia debe interpretar rigurosamente el texto constitucional y debe velar porque se cumplan los requisitos indispensables para ser magistrados: Deben ser abogados imparciales, que no estén obligados por militancia partidista. Deben cumplir con las credenciales, tener calificación intelectual y epistemológica. Los postulados no deben estar inmersos en situaciones que comprometan su honorabilidad», indicó Nelson Chitty La Roche, abogado constitucional y doctor en ciencias políticas.
«Presos políticos quedan fuera de la agenda»
Doriam González, politólogo, indicó que en este primer acuerdo entre la AN 2015 y el Gobierno, el tema de la liberación de todos los presos políticos quedó fuera de la agenda de trabajo.
«La situación de los derechos humanos y los presos políticos es de máxima gravedad. Sin embargo, analizando el panorama con pragmatismo, ese punto no ocupa la prioridad de la agenda de diálogo, tutelada por Estados Unidos. La prioridad de Norteamérica, es primero ocuparse del tema económico y del capital, y segundo, las instituciones necesarias para dar forma a ese modelo corporativo», opinó.
Alega que con esta mesa de diálogo, cambia la lógica político-ideológica que había privado en Venezuela desde 1958. «Todas las negociaciones que se habían dado en Venezuela, habían estado dominadas por la socialdemocracia y luego por el socialismo. Ahora se dialoga priorizando los intereses del capital», mencionó.
«Hay un reconocimiento entre las delegaciones»
El politólogo Doriam González, considera que a diferencia de otras mesas de diálogo que han habido en Venezuela en los últimos 27 años, en esta ocasión hay un reconocimiento entre el Gobierno encargado y la oposición democrática, representada por 10 diputados de la Asamblea Nacional 2015. Ambas partes se han sentado a dialogar por presión de Estados Unidos.
«Históricamente, el chavismo no ha confiado en la oposición ni la oposición en el chavismo. La diferencia sustancial es que ahora existe un tercer actor con la fuerza suficiente para modificar la conducta de las estructuras políticas internas. Aquí no podemos hablar de legitimidad, pero sí de reconocimiento, que no son la misma cosa. Escucho con frecuencia equiparar ambos términos: que si EE. UU. reconoce a Delcy Rodríguez o a la Asamblea de 2015, eso las hace legítimas. No, la legitimidad emana exclusivamente del voto. Lo que hay es el reconocimiento hacia un actor con capacidad de imponer decisiones a punta de fuerza sobre las partes en pugna», argumentó González.
Asimismo considera que el tiempo que tomará elegir a los nuevos magistrados del TSJ, no será el establecido por la Constitución de Venezuela, sino el tiempo impuesto por la agenda de la administración del presidente Donald Trump.
Intervención de EE.UU.
Tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero, para extraer a Nicolás Maduro, el Gobierno ha cambiado, presionado por Washington.
«Quien está tomando las decisiones importantes en el país es EE. UU., actuando contra el socialismo. Esto se evidencia en hechos como la presencia de civiles y militares estadounidenses en Venezuela, la reanudación de relaciones con Israel, los roces diplomáticos con Irán, el distanciamiento con Cuba o China», expresó el politólogo Jesús Castellanos.
La Prensa de Lara es un medio de comunicación regional comprometido con la verdad, la investigación y el periodismo de calidad. Sigue nuestro día a día en la web y redes sociales, y adquiere nuestra versión impresa cada lunes, miércoles y viernes en los principales puntos de venta de la región.