- Venezuela avanza hacia la reestructuración de su red eléctrica tras formalizar un acuerdo con General Electric Vernova y proponer reformas legales en la Asamblea Nacional.
- El plan contempla la incorporación de tecnología internacional y la apertura hacia el capital privado para cubrir un déficit estimado en 3.000 megavatios.
El acuerdo que el 15 de junio firmó el Gobierno de Venezuela con el conglomerado General Electric Vernova (GEV), es el primer paso firme que se da para la recuperación progresiva del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que desde hace 20 años está marcado por la crisis, la falta de mantenimiento y un racionamiento que afecta con más fuerza al interior del país.
Ingenieros estiman que estabilizar el servicio eléctrico se debe hacer en fases. El alivio de la demanda podría comenzar a registrarse a corto plazo (seis meses), si se instalan dársenas (centrales termoeléctricas móviles o flotantes) de 250 megavatios (MW) cada una, en las costas de Oriente, en el Lago de Maracaibo y en Puerto Cabello, que podrían aportar en ese tiempo unos 1000 MW. Esto ayudaría a aliviar la demanda de energía en zonas de explotación y refinación petrolera. Así lo explicó Leancy Clemente, presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela, entrevistado en Circuito Onda por la periodista Shirley Varnagy, este martes, 16 de junio.
A mediano plazo (dos años), se espera una recuperación de 2.000 MW, y a largo plazo (cinco años) una recuperación de 5.000 MW.
Tanto el ingeniero nuclear, como miembros de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (Aviem) y académicos del Grupo Ricardo Zuloaga (GRZ), calculan que Venezuela tiene un déficit de energía aproximado de 3.000 MW. Esa es la cantidad de electricidad que consume diariamente una población como la Gran Caracas, más una ciudad del tamaño de Maracay.
Venezuela, aunque tiene una capacidad instalada de 30.000 MW, está produciendo apenas 12.000 MW, mientras que la demanda este año superó los 15.000 MW, debido al incremento que ha tenido la producción petrolera, que el 12 de junio llegó a ser 1.179.000 barriles diarios, según reportó el Gobierno a la OPEP.
Más acuerdos
Además de este acercamiento entre el Gobierno y la GEV, bajo el tutelaje de Estados Unidos, el 13 de junio la mandataria nacional anunció la firma de un acuerdo con la multinacional argentina Impsa SA para culminar la Central Hidroeléctrica Tocoma, en Bolívar, que añadirá 2.640 MW a la red nacional. Un proyecto paralizado desde 2014, en el que el Estado invirtió unos $9.000 millones y no se culminó, según denunció la ONG Transparencia Venezuela.
Y desde abril, medios internacionales han reportado la presencia de una delegación de la multinacional alemana Siemens en Venezuela.
Todo esto ocurre a la par de una discusión pública de la Reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que se hace en la Asamblea Nacional (AN), que permitirá la participación del sector privado en las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Algo que no ocurre en el país desde hace 19 años.
¿Qué hará la GEV?
El ingeniero nuclear, Leancy Clemente, indicó que la GEV envió especialistas que tenían cinco semanas en el país haciendo estudios exhaustivos para recuperar la capacidad eléctrica. Traerán tecnología de último nivel y personal altamente calificado.
«En Venezuela tenemos dos grandes sistemas de generación: el hidroeléctrico que es el Bajo Caroní (Guri) más el Complejo Hidroeléctrico General José Antonio Páez (represa Santo Domingo) en Mérida, y el Complejo Hidroeléctrico Uribante Caparo, en occidente. A eso se le suma las 27 plantas térmicas, como Planta Tacoa, Termozulia y Planta Centro, entre otras», explicó.
El Bajo Caroní tiene una capacidad de 17.000 MW, pero actualmente opera a la mitad, y las termoeléctricas producen poco más de 2.000 MW. Se espera que la GEV invierta tanto en el sistema hidroeléctrico, pero sobre todo en el termoeléctrico, porque según contó a La Prensa, el ingeniero electricista Antonio Patiño, representante de Aviem en Lara, la mayoría de la maquinaria instalada en las térmicas son tecnología de la General Electric.
Clemente resaltó que esta empresa podría invertir en la red eléctrica que lleva la electricidad desde Guri hasta cada hogar. «Esas redes de distribución y redes de transmisión tienen 40 años sin mantenimiento», reveló.
«La GEV tienen experiencia porque son fabricantes, son los que instalaron las plantas en el país y con este convenio se garantizan los mantenimientos adecuados para poder recuperar la generación eléctrica que se requiere en Venezuela», mencionó Patiño.
Además, Leancy Clemente, destacó que Venezuela requiere sobre todo aumentar su capacidad eléctrica, si se pretende atraer inversión en la industria petrolera. «Cuando el país producía 3.000.000 de barriles diarios, el sector petrolero demandaba el 13% del consumo eléctrico nacional…Para producir un barril de petróleo yo necesito más o menos 0.5 kilovatios. ¿Qué quiere decir eso?, que si yo voy a producir 500.000 barriles diarios extras, voy a necesitar tanta electricidad como, por ejemplo, la que consume Táchira, Mérida y Trujillo», resaltó.
¿Privatizarán?
El 02 de junio, la AN, aprobó en primera discusión la Reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que pretende la creación de empresas mixtas, que participen en actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.
El Gobierno se ha vuelto «pragmático» y desde que ha establecido relaciones con EE. UU., su interés se ha centrado en atraer capital a través de reformas en sectores estratégicos.
El oficialismo admite con esta propuesta, que sólo a través de la inversión privada podrá tener Venezuela «un sistema eléctrico moderno, mixto y autosustentable». Y así enfrentar la demanda de energía que requiere el sector petrolero y la industria.
Puntos claves de la ley
La propuesta de reforma está integrada por 42 artículos, entre los que destaca el artículo 8 que plantea la participación del sector privado en la generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio.
Estas actividades estarán a cargo de: «1) La República a través del Ministerio con competencia en materia de energía eléctrica. 2) Empresas mixtas en las que la República o el operador y prestador del servicio posean una participación mayor del 50% del capital social. 3) Empresas en las cuales la República o un ente público posean una participación minoritaria en su capital social, autorizadas por el Estado. 4) Empresas privadas domiciliadas en Venezuela, conforme lo establecido en la ley».
El Gobierno establece que las inversiones deberán hacerse a largo plazo. Se otorgarán concesiones de hasta 40 años. «El artículo 33 plantea que la duración máxima es de 25 años, prorrogable por un lapso a ser acordado por las partes, no mayor de 15 años».
Será el presidente de la República quien apruebe los términos de constitución de cualquier empresa mixta y concesiones. Y se prevé un «diseño de tarifas que contemplen todos los costos reales y permitan una rentabilidad razonable para el inversor».
Cuestionan propuesta
Ingenieros consultados, sostienen que aunque ven positivo que el sector eléctrico se abra a la participación privada, todavía hay muchas dudas sobre la propuesta de reforma, porque consideran que no resolverá la crisis de fondo: La hegemonía del Gobierno en el sector eléctrico.
Raúl Azparren, ingeniero eléctrico y miembro de Activos por la Luz, alega que algo que debe dejar claro la ley, es que el servicio eléctrico debe ser descentralizado, como lo fue desde 1890 hasta 2007, cuando había compañías en cada estado del país para suministrar, generar y cobrar por el servicio, porque cada estado tiene necesidades distintas.
Recordó que el desarrollo de la energía eléctrica en Venezuela fue gracias a la empresa privada, y algunos aportes de gobiernos regionales. En el país operaban 14 empresas eléctricas entre privadas y otras del Estado, como Edelca (Electrificación del Caroní), que era pública, se encargaba de las hidroeléctricas Guri, Macagua, Caruachi, y generaba más del 70% de la energía; Cadafe (Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico), estatal, cubría el 90% del territorio en distribución.
Y operaban empresas privadas como Electricidad de Caracas, Energía Eléctrica de Barquisimeto (Enelbar) en Lara, Enelven (Energía Eléctrica de Maracaibo-Venezuela), en Zulia, Electricidad de Valencia, Electricidad de Nueva Esparta y compañías en los Andes.
Recordó que cuando se creó Corpoelec en 2007, lo que hizo el Gobierno fue «absorber» a todas las empresas eléctricas regionales y centralizar el servicio. El Estado dejó de invertir y provocó la crisis de racionamiento actual.
Víctor Poleo, exviceministro de Energía y Minas e ingeniero eléctrico, rechazó la propuesta de Reforma, porque a su juicio el modelo de «empresas mixtas» no ha tenido éxito en el país.
«No estoy de acuerdo con la propuesta de empresas mixtas a la manera del sector de hidrocarburos. El fracaso de la industria petrolera fueron las empresas mixtas, en las que el Estado es propietario del 60% y el sector privado del 40%», expresó.