Tras el golpe cívico militar contra el general Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, la nacionalización del petróleo surgió como una aspiración de las élites políticas de la época: Acción Democrática, Copei, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el partido Unión Republicana Democrática (URD), tenían como bandera democrática el control de los recursos del Estado.
«El proyecto democrático venezolano nace con un fuerte espíritu anticolonial, antiimperialista. Es decir, negar cualquier dominio extranjero», explicó Carlos Giménez Lizarzado, historiador, escritor y profesor universitario.
Durante el breve período que duró el presidente interino de Venezuela, Edgar Sanabria, en la Junta Militar de Gobierno en 1958, se modificó la Ley de Impuesto Sobre La Renta, de tal manera que por cada dólar derivado por la renta petrolera, 67% iba al fisco y 33% eran ganancias de petroleras. Esta medida acabó con el esquema 50-50 (Fifty-Fifty), que existía desde 1945.
La medida encendió las alarmas en el sector privado, que desde 1953 había reducido las inversiones tecnológicas en la industria petrolera venezolana. Y para compensar la disminución de sus márgenes de ganancia, pisaron el acelerador para aumentar la producción de crudo. Así lo señala el historiador Rafael Arráiz Lucca, en un podcast titulado: «La nacionalización del petróleo en Venezuela», publicado en YouTube el 03 de octubre de 2021.
Nace la democracia
Durante la presidencia de Rómulo Betancourt, considerada el inicio de la democracia en Venezuela, la producción de crudo creció más de 22%. En 1959 se producían 2.771.000 barriles diarios (mb/d) y en 1964 pasó a 3.402.000 mb/d. Así se destaca en el libro del economista Rafael Quiroz Serrano, titulado «Los Presidentes y el Petróleo, historia petrolera de la democracia venezolana», de 2022.
El gobierno de Betancourt fue clave para definir la política petrolera de Venezuela, según resalta el historiador Carlos Giménez. Él rechazó a dos dictadores: Juan Vicente Gómez y Marco Pérez Jiménez, tanto por sus violaciones de derechos humanos, como por la manera complaciente en que otorgaron concesiones a transnacionales.
Por eso, cuando define los lineamientos de una política de Estado, una de las primeras decisiones fue cesar radicalmente el sistema de otorgamiento de concesiones a particulares.
El historiador Carlos Giménez cita un discurso del 02 de marzo de 1936, reseñado en el libro «Venezuela, política y petróleo», escrito por Rómulo Betancourt y publicado en 1956, que revela su firme intención de darle al Estado venezolano un mayor control de sus recursos petroleros.
«Es cierto que nuestro Estado no tiene acreedores extranjeros, pero en cambio nuestro subsuelo ha sido prorrateado entre los buscadores del aceite. Y la situación actual de un país, del cual el 87% de las exportaciones corresponden al petróleo, a una industria que no está explotada por intereses nacionales. Un país cuyo estado tiene que recibir 45% de los ingresos fiscales anuales de esa misma industria petrolera, es de aparente independencia, pero en realidad está atado a los grandes intereses extranjeros», expresó el líder adeco, tras la muerte del general Gómez.
Con Betancourt ocurrieron hechos trascendentales: designó como ministro de Minas e Hidrocarburos a Juan Pablo Pérez Alfonso, quien creó en 1960 la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), primera empresa del Estado venezolano que intervenía directamente en el negocio del petróleo, para producirlo y venderlo.
En 1960 también se reunieron los ministros de petróleo e Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, con el objetivo de tener relaciones, definir el precio del petróleo y regular su explotación. Ese año, Venezuela fue fundadora de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Logran nacionalizar
El 29 de agosto de 1975, el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez decretó la nacionalización de la industria petrolera, la cual entró en vigencia el 01 de enero de 1976, a través de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.
Por décadas, en Venezuela se había dado un debate entre políticos, intelectuales, profesionales, sindicatos y empresarios que consideraban la nacionalización de la industria petrolera como un hecho histórico y que reivindicaba la soberanía.
De hecho, en los 60, el Colegio de Ingenieros de Venezuela se opuso a que extranjeros ocuparan puestos directivos en la industria petrolera, ya que en el país había una camada de ingenieros petroleros egresados tanto de la UCV desde 1948 como de La Universidad del Zulia (LUZ), desde 1957, que habían adquirido experiencia y conocimientos en las transnacionales.
La primera decisión que tomó Pérez en el poder fue crear una comisión para el estudio de la ley de reversión petrolera.
Carlos Andrés Pérez (CAP) ganó las elecciones de 1974 holgadamente y contó con un Congreso Nacional de mayoría adeca. Sin embargo, pidió poderes especiales para decretar una comisión que estudiaría la ley para nacionalizar la industria petrolera, que muchos consideran fue una ley para «estatizar», porque su principal propósito fue que empresas privadas nacionales y extranjeras pasaran a manos del Estado, convirtiendo a la nación en dueña de la riqueza petrolera, infraestructura industrial y equipos de concesionarias.
En el discurso dado por Pérez en agosto de 1975, se decretó la creación de la Empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), para ejecutar la política del Estado de planificación, coordinación, supervisión y control de las actividades de las empresas operadoras de la industria petrolera nacional. Designando como el primer presidente de Pdvsa al general Rafael Alfonzo Ravard, un destacado hombre de la gerencia pública nacional. Además se acordó concretar fórmulas de avenimiento para indemnizar a los concesionarios.
Se crearon 13 compañías anónimas que junto a la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) sustituían a las concesionarias, las más importantes fueron: Lagoven, Meneven y Maraven, por su capacidad de producción. Las pequeñas empresas venezolanas también fueron estatizadas.
Previamente en 1971, el Estado ya había iniciado la nacionalización del gas, en el primer gobierno del presidente Rafael Caldera. Y el 1º de enero de 1975, CAP, nacionalizó el hierro, creando la CVG Ferrominera Orinoco.
Un punto clave de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos es que en su artículo 5, «Se dejó la puerta abierta a la privatización», según considera el historiador Carlos Giménez.
«En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados», decía la ley.
En los 90, esa cláusula permitió el proceso de «apertura petrolera», materializándose a través de tres modelos contractuales: 1) contratos de servicios operativos, 2) asociaciones estratégicas y 3) convenio de exploración a riesgo y ganancias compartidas, que incentivó a las transnacionales a aumentar la producción petrolera.
«Soberanía energética»
CAP contó con un escenario favorable para nacionalizar, porque los precios del petróleo subieron de 2.4 a 11.47 dólares, el valor más alto hasta entonces. Venezuela vivió un «Boom petrolero». Se disparó el Producto Interno Bruto (PIB), siendo el más rico de Latinoamérica, y hubo cambios en la economía. Así lo señala una publicación de BBC Mundo, de 2023.
Ese período de exceso de petrodólares duró 8 años, hasta 1981 y permitió aumentar la importación, construir autopistas y rascacielos, financiar la educación gratuita y ambiciosos programas sociales, como la beca Gran Mariscal de Ayacucho, para que universitarios fueran a estudiar a las mejores universidades del mundo y regresaran al país a aplicar esos conocimientos.
Con la nacionalización también se registró, en 1976, una contracción del volumen de producción, de 3.4 millones de barriles diarios (mb/d) a 2.4 mb/d, cayendo 31,1%.
Pero si bien esta medida reivindicó la soberanía, también trajo como consecuencia un desequilibrio económico que ocasionó el aumento del endeudamiento.
«Hay quienes dicen que la nacionalización no generó ningún trauma a las concesionarias, porque fueron muy bien indemnizadas. Tecnológicamente habían llegado a su techo de inversión…Para ese momento pudo haber obsolescencia en la industria petrolera, que no la hacía competitiva a nivel internacional», reflexionó el historiador Carlos Giménez.
Aseguró que nunca hicieron público cuánto le costó al Estado pagar las indemnizaciones. Pero en el libro «Petróleo Nuestro y Ajeno, la ilusión de la modernidad de Juan José Martín Frechilla y Yolanda Texera Arnal, se revela que la Exxon obtuvo cerca de $510 millones de compensación directa por la nacionalización de la Creole Petroleum Corporation.
Venezuela, a pesar de que comenzó a manejar el monopolio petrolero, siguió dependiendo de la importación de tecnología. El 60% de la compra de materiales y equipos para la industria petrolera y petroquímica era importado», acotó Giménez.
La nómina de Pdvsa no dejó de crecer desde entonces. En el 76 había 23.668 empleados, en el 83 había 1.796.000 trabajadores.
Las transnacionales obtuvieron el derecho de comprar petróleo a un precio negociado cada tres meses y recibían honorarios por cada barril del petróleo extraído y refinado…El Gobierno se negó a publicar el cuadro de los honorarios…Estos datos dicen que la nacionalización en la práctica fue una excelente negociación en función de los intereses de las transnacionales, que perdieron poco», alegó.
Finalmente, el historiador Rafael Arráiz Luca, en el podcast: «La nacionalización del petróleo en Venezuela», que está en YouTube, declara que «Antes de la nacionalización de petróleo y a lo largo de 50 años, Venezuela tuvo un crecimiento sostenido, una moneda fuerte, baja inflación…Con la estatización del petróleo se genera un desequilibrio político, un macroestado y unas empresas privadas tratando de sobrevivir», sentenció.