La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó este martes, por voto unánime, la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El cambio principal de esta normativa radica en el aumento de la composición del máximo tribunal, que pasará de tener 20 magistrados a un total de 32, en un contexto marcado por la renovación interna de la institución judicial.
De acuerdo con lo aprobado en la sesión ordinaria, la estructura interna del TSJ experimentará una ampliación en todas sus instancias. La Sala Constitucional estará integrada ahora por siete magistrados, mientras que las cinco salas restantes contarán con cinco miembros cada una. Anteriormente, la Sala Constitucional operaba con cinco jueces y las demás con tres.
A pesar de que la votación resultó unánime, el sector opositor manifestó sus observaciones durante el debate. La bancada Libertad subrayó una postura crítica respecto al alcance de la medida, señalando que «no basta solo con aumentar el número de magistrados en el TSJ» para resolver los desafíos del sistema judicial.
Sobre la Ley Orgánica del TSJ
La reforma también incluyó modificaciones al artículo 80 de la ley, estableciendo que la Inspectoría General de Tribunales, la Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura estarán supeditadas directamente a la Sala Plena del TSJ. Asimismo, se determinó que, ante cualquier falta absoluta en las direcciones de dichos entes, la Asamblea Nacional tendrá la potestad de designar a los nuevos titulares.
En las disposiciones finales de la ley, se instruyó al Tribunal Supremo a iniciar un proceso de reorganización estructural para adaptarse al nuevo marco legal. Por su parte, el Poder Legislativo queda facultado para proceder con el nombramiento de los nuevos magistrados, tanto principales como suplentes, así como de los integrantes de los órganos auxiliares.
Esta modificación legislativa se produce de forma simultánea al proceso de selección que lleva a cabo el Parlamento para cubrir diversas vacantes en la alta corte. Estas plazas disponibles son el resultado de una serie de renuncias y jubilaciones dentro del cuerpo de magistrados actual, lo que acelera la necesidad de adecuar la ley antes de las nuevas designaciones.