Tan sólo 21 días transcurrieron desde que la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la necesidad de una amnistía para los presos políticos y el tiempo que demoró la Asamblea Nacional en aprobar por unanimidad la «Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática«. Defensores de Derechos Humanos (DD. HH.) y dirigentes políticos consideran que esta normativa no cumple los estándares internacionales, porque excluye de la posibilidad de libertad a militares acusados de rebelión y a civiles involucrados en causas de justicia militar.
Además, no aclara si el Estado investigará o enjuiciará a los violadores de derechos humanos o señalados de aplicar tortura, para que haya justicia y reparación de daños a víctimas.
¿De qué trata la Ley de Amnistía?
La ley tiene 16 artículos y fue publicada en Gaceta Oficial número 6.990, el 19 de febrero de 2026. En teoría, la amnistía abarca el perdón de todos los delitos y faltas, por acción u omisión, cometidos bajo los supuestos de la ley desde el 01 de enero de 1999 hasta su entrada en vigor. Pero los juristas señalan que en el artículo 8 quedan excluidos los presos acusados de delito de rebelión militar.
«Los estándares internacionales son claros: La Ley de Amnistía no debe tener exclusiones ni restricciones. Los delitos políticos no ocurrieron, la causa debe ser olvidada», mencionó Rafael Narváez, abogado y defensor de DD. HH.
El Foro Penal de Venezuela contabilizó el 09 de febrero 644 presos políticos, de los cuales 185 son militares. Desde el viernes 20 de febrero, cuando entró en vigencia la ley, hasta el domingo 22 de febrero se habían liberado sólo 16 presos políticos.
«Hay informes de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU que señalan que en Venezuela hay un patrón de castigo: detener a familiares de presos políticos, como militares, y ellos también son investigados en la misma causa. Esos civiles quedan excluidos de la ley», explicó Manuel Virgüez, abogado y director de la ONG Movimiento Vinotinto. Hasta el viernes 20 de febrero contabilizaban 30 presos políticos de Lara, entre ellos un militar.
«Consideramos que el Estado no reconoce su responsabilidad en que se han violado derechos humanos y ha habido detenciones arbitrarias», opinó Virgüez.
El abogado Alexis Ramos, de Movimiento Vinotinto, señaló que el artículo 7 de esta ley explica que las personas en el exilio, por persecución política, pueden solicitar la amnistía mediante un abogado que revise sus casos en tribunales venezolanos, y debe comparecer personalmente ante un tribunal para el otorgamiento final del beneficio.
«Se supone que amnistía es olvido completo de los procedimientos…No es una ley de amnistía general, porque está supeditado a 13 hechos ocurridos en el país desde 2002 hasta 2025, como lo señala el artículo 8», mencionó.
Cuestionan su transparencia
Por su parte, Rafael Narváez, también cuestionó que quienes administren esta ley sean los mismos jueces señalados de calificar masivamente a las víctimas con el delito de terrorismo, impidiendo la defensa privada.
«Se debe establecer un equipo de trabajo Ad Hoc de jueces, que sean imparciales y expertos en derechos humanos, no pueden ser los mismos victimarios», recalcó.
Por su parte, el dirigente del partido La Causa R, Alfredo Ramos, señaló que para que exista una convivencia democrática, debe iniciar una transición cambiando el Poder Electoral, convocando elecciones y levantando las inhabilitaciones políticas a opositores.