La Asamblea Nacional sancionó este jueves, 19 de febrero de 2026, la “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”. La aprobación se logró de manera unánime tras una postergación de siete días debido a la falta de acuerdos sobre la magnitud de la medida. En el marco de la sesión, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, manifestó: “Ojalá que esa actitud y esa disposición que hemos demostrado sea auspicio de un nuevo tiempo político que debe transitar el país”.
La “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática” cuenta con un diseño legal que establece fronteras claras mediante exclusiones por tipo de delito, casos específicos y criterios de temporalidad.
De acuerdo con el texto sancionado, el beneficio no es universal; el Artículo 7 es taxativo al señalar que no se aplicará a quienes enfrenten cargos por “violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, alineándose con la prohibición constitucional de amnistiar delitos que vulneren la dignidad humana de forma sistémica.
Más allá de los crímenes internacionales, la ley impone barreras a delitos comunes de alto impacto y faltas contra la administración pública. Sin embargo, la normativa deja fuera de su alcance delitos comunes de gravedad y de orden administrativo.
No se aplicará amnistía en casos de “homicidio intencional y lesiones gravísimas”, así como tampoco en hechos relacionados con el “tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” o aquellos “delitos previstos en la ley contra la corrupción”.
Asimismo, contempla que el perdón que otorga esta nueva ley excluye a quienes promovieron o participaron en acciones armadas contra las instituciones del Estado, solicitaron intervenciones extranjeras o la imposición de sanciones internacionales contra el país.
Cronología de hechos amnistiados
La ley contempla un catálogo de 16 artículos donde se enumeran los eventos políticos cubiertos. Entre estos destacan el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero de 2003, las manifestaciones tras el referendo de 2004 y las protestas de 2007, 2013, 2014 y 2017. Asimismo, se incluyeron las actuaciones de la Asamblea Nacional del periodo 2016-2021 y eventos más recientes, como las elecciones primarias de 2023 y los comicios presidenciales de 2024 y regionales de 2025.
Procedimientos y extinción de antecedentes
Para quienes sí logren entrar en los supuestos de la ley, el artículo 10 garantiza la extinción de acciones penales, civiles y disciplinarias, incluyendo el cese de medidas de coerción y solicitudes de extradición. Además, el artículo 14 ordena a los entes públicos “eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas”, permitiendo una reintegración plena a la vida pública sin el lastre de registros policiales previos.
Llaman a un mayor alcance
La redacción del texto ha generado reacciones inmediatas en las organizaciones defensoras de derechos humanos. Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal Venezolano, advirtió que la ley es “bastante restrictiva y excluye a un sector importante” de ciudadanos que el organismo considera perseguidos políticos y que actualmente se encuentran “detenidos arbitrariamente”.
A esto se suma la exclusión explícita de aquellas personas procesadas por favorecer o participar en “acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” instigadas por potencias o corporaciones extranjeras. Esta cláusula limita el beneficio para actores vinculados a rebeliones militares o intervenciones externas.
El artículo 16 señalado como una «puerta giratoria»
Hacia el final de la discusión, se incorporó un artículo que ha encendido las alarmas de analistas internacionales. El artículo 16 estipula que cualquier beneficiario que cometa un nuevo delito tras la entrada en vigencia de la ley “será procesado de conformidad con la legislación aplicable”.
Para el consultor político Luis Peche, esta adición es riesgosa, pues considera que “abre la posibilidad del reinicio de la puerta giratoria”. Según el experto, la verdadera efectividad de la medida no reside únicamente en el texto legal, sino en el cese estructural de los mecanismos de persecución.
Delcy Rodríguez pide «máxima celeridad»
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves al Parlamento que den «máxima celeridad» a la aplicación de la histórica ley de amnistía aprobada para presos políticos.
Rodríguez dijo sentirse «muy complacida» por la aprobación de esta legislación tras recibir a la comisión que hará seguimiento al cumplimiento del proceso de amnistía en el palacio presidencial de Miraflores, donde también estaba presente el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como el presidente del Parlamento y su hermano, Jorge Rodríguez.
La mandataria firmó la ley para que pueda ser publicada en la Gaceta Oficial y comience su aplicación. También pidió al Parlamento, al programa para la convivencia y la paz y a la comisión para la revolución judicial que evalúe casos que no están contemplados en la recién aprobada ley para «curar heridas, reencauzar la convivencia democrática» y la justicia.
«Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra república, que debe ser la justicia», añadió.