Agricultores de los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Carabobo, Lara, Miranda y Barinas se reunirán hoy 20 de febrero en una «Gran Asamblea», a las 11:00 a.m, en la parroquia Mucuchíes, municipio San Rafael, de Mérida, para acordar acciones que permitan frenar el contrabando desde Colombia, de papas, zanahoria, cebolla y repollo que se venden masiva y libremente en los principales mercados de Venezuela.
«Ya nos cansamos de reunirnos con autoridades locales y no encontrar solución. Esta vez nos dirigiremos directamente a la presidente encargada de la República, Delcy Rodríguez, a los Ministros de Defensa, Alimentación y Agricultura Productiva y Tierras, y hasta a la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, para que nos escuchen y se acuerden acciones que permitan combatir el contrabando de alimentos», exclamó Andrés Ramírez, presidente de la Asociación de Productores de Timotes (Asoprotim), estado Mérida.
Las alarmas se encienden en el sector, porque entre finales de febrero y marzo es el pico de la cosecha de hortalizas y verduras en Venezuela. A los productores les preocupa que actualmente se vean obligados a vender un saco de papa en un mercado mayorista o municipal en el interior de Venezuela en 18 dólares, porque la papa colombiana la comercializan a ese precio, cuando en el país producir un costal de papas sale 50% más caro, unos 36 dólares, aproximadamente.
Desafíos críticos para los agricultores nacionales
«En la reunión trataremos además el tema del contrabando, la necesidad de financiamiento bancario, porque los agricultores cultivan y cosechan con pulmón financiero propio. Algunos han tenido que vender parte de sus terrenos, para mantenerse activos», apuntó. En la asamblea, también hablarán sobre la necesidad que el Gobierno otorgue los permisos para importar semillas de papa de alto valor genético, porque las que utilizan han perdido su vigorosidad por el tiempo de uso, afectando sus rendimientos.
Finalmente, informó que plantearán el tema de entregar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley del Plan Pronto Pago, con el propósito que los supermercados o distribuidores, en un plazo máximo de 15 días, puedan pagar las cosechas que adquieren a pie de finca. «Actualmente hay supermercados en Venezuela que tardan hasta tres meses para cancelar la producción a un productor, y la mayoría realiza los pagos en bolívares. En un país con alta inflación, eso no es sostenible», manifestó Ramírez.