Si se concreta que empresas extranjeras vengan a Venezuela a invertir y aumentar la producción de la industria petrolera, hay altas posibilidades de que en el país comience a reactivarse el sector construcción. Tanto Gustavo García Carrasquero, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), como Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), plantean dos acciones que se deben realizar a corto plazo: recuperar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y derogar o modificar tres leyes que impiden la construcción de viviendas con capital privado.

La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (2011), la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria (2012) y la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda (2007) han frenado el desarrollo de infraestructura residencial en Venezuela desde hace 14 años. Al punto de que el sector construcción cerró el año pasado con un 95% de paralización. Y también han impactado la oferta de alquileres.

Ambas cámaras económicas llevarán una propuesta de reforma de este marco jurídico a la Asamblea Nacional, para que sean parte de la agenda legislativa de 2026 y tratan de persuadir a la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tome en cuenta la necesidad del cambio de estas leyes, porque el sector construcción puede apuntalar el crecimiento económico del país y aumentar la generación de empleos.

El ingeniero Gustavo García, presidente de la CVC, sostiene que los trabajos de mantenimiento para recuperar la generación eléctrica nacional serán inminentes, tras la aprobación por unanimidad en segunda discusión de la Ley de Hidrocarburos, el pasado 29 de enero, y con las expectativas que hay de que el gobierno de Estados Unidos continúe aliviando las sanciones petroleras. El portal financiero Bloomberg, publicó el 03 de febrero que si el Departamento del Tesoro de EE. UU. emite una licencia general, las empresas petroleras estadounidenses podrían intervenir y revitalizar la producción de hidrocarburos en Venezuela.

«Para poder elevar la producción petrolera como se pretende, es prácticamente obligatorio mejorar el servicio eléctrico. La CVC tiene una propuesta culminada que se llama Plan de Estabilización de Energía Eléctrica, el cual ha sido visto por autoridades del sector eléctrico de Venezuela y eso está encaminado a mejorar el servicio», apuntó.

¿Qué se necesita para recuperar y aumentar la generación eléctrica de Venezuela?

Cuando se le pregunta a García Carrasquero qué se necesita a corto plazo para aumentar la generación eléctrica de Venezuela, responde sin aspavientos: Financiamiento de instituciones multilaterales, como el BID, Banco Mundial y la CAF, y la participación del sector privado venezolano en el manejo del sistema eléctrico.

«Consideramos que debe ser incluido el sector privado como inversionista y operador de algunas plantas eléctricas medianas que puedan contribuir al aporte de megavatios de la línea interconectada», argumentó.

Señala que en Venezuela es necesario recuperar de manera inmediata unos 2.000 megavatios (MW) y eso se logra activando y reparando las plantas termoeléctricas de la región centroccidental, sobre todo las que funcionan con gas. Estima que la inversión mínima oscila entre los 1.500 y $2.000 millones de dólares.

En el caso del estado Lara, se requiere atender y mejorar la generación en las plantas termoeléctricas Barquisimeto II, ubicada en la Zona Industrial II, y Barquisimeto III, que está en la parroquia Ana Soto. Además de poner en funcionamiento la Planta Termoeléctrica Argimiro Gabaldón, en el municipio Palavecino, sector La Piedad.

Afirmó que también se deben recuperar las seis principales infraestructuras de generación térmica que hay en el estado Carabobo, y las seis plantas que hay en Zulia, con especial atención al Complejo Termoeléctrico General Rafael Urdaneta (Termozulia) y la Planta Termoeléctrica Bachaquero, que son primordiales para reactivar la producción petrolera en occidente.

En una segunda fase, el Estado debe trabajar en la culminación de dos obras que potenciarían la generación hidroeléctrica: El Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma) y el Complejo Uribante Caparo, que pueden proporcionar entre 2.100 y 2500 MW adicionales.

«Esas dos grandes obras requieren de un esfuerzo mayor. No pretendemos que las opere el sector privado porque forman parte del corazón del Estado, pero los empresarios sí podrían ayudar a conseguir financiamiento, si se incluyen. Principalmente, eso se lograría con los recursos que genere la renta petrolera y con el financiamiento de organismos multilaterales», mencionó.

La ecuación es clara para la Cámara Venezolana de la Construcción: si en Venezuela en el próximo año mejora la producción petrolera, habría recursos suficientes para las obras de infraestructura requeridas, concluir o iniciar proyectos que permitan mejorar la calidad de los servicios públicos que tanto reclama la población.

Modificación de leyes

Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), sostiene que para que se culminen la construcción de complejos residenciales que fueron paralizados desde hace más de una década en el país y se incremente la oferta de alquileres que impactaría de manera favorable en el precio, es necesario que en Venezuela se modifiquen tres leyes:

La primera es la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, vigente desde 2011, porque produce desequilibrios en la relación contractual entre propietarios e inquilinos y prioriza el derecho a la vivienda sobre el derecho a la propiedad privada.

«El propietario queda en total desprotección social, ya que en Venezuela es absolutamente complicado iniciar un juicio de desalojo», argumentó.

Desde 2011 existe el Decreto de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas que suspendió todos los desalojos en Venezuela. Una ley que además es sumamente burocrática, porque establece en el artículo 5, que un propietario debe obligatoriamente hacer un procedimiento en el Ministerio de Vivienda y Hábitat, antes que un juez pueda admitir una demanda de desalojo. Y el artículo 13 numeral 2, que dictamina que no se procederá al desalojo forzoso hasta que el Estado garantice al inquilino un refugio temporal o una solución habitacional definitiva, lo que se traduce a una ocupación legalizada por tiempo indefinido de una propiedad privada.

«Esta ley ha hecho que la propiedad privada pierda sentido, y eso ha provocado que exista una gran cantidad de inmuebles que se encuentran vacíos, cerrados, inutilizados, porque los propietarios ponen resistencia a alquilar. A su vez, eso genera que haya una demanda superior de la necesidad de viviendas en alquiler que la oferta disponible, disparando los precios», comentó González.

Alquilar un apartamento, casa, anexo o habitación en Venezuela obliga a las personas a tener un trabajo muy bien remunerado, o ser casi que dueños de un negocio para poder cumplir con las mensualidades que son costosas, y con una serie de requisitos que exigen los dueños de las propiedades.

La segunda normativa que se debe derogar en Venezuela es la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, oficializada en 2012, que regula los contratos de preventa y las condiciones de construcción de viviendas.

«Esta ley hace inviable la posibilidad de construir en el país, porque tiene una serie de condiciones como: no considera el valor del terreno, los porcentajes de utilidad están tabulados, además existe la obligación que un porcentaje del desarrollo de la construcción sea dedicado al alquiler. Donde no se puede indexarse la inflación al costo final del inmueble, y en un país con alta inflación eso se traduce a pérdidas para el promotor de viviendas», mencionó el presidente de la CIV.

Agregó que si el promotor inmobiliario falla en alguna de esas condiciones es adicionalmente penalizado con cárcel.

Finalmente, añadió que se debe modificar la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, de 2007, que prohíbe explícitamente la venta y ejecución de hipotecas en moneda extranjera.

«En un país donde no existe financiamiento a largo plazo, tú como propietario no puedes ofrecer un financiamiento directo privado porque no lo puedes indexar al valor de una moneda dura, y en consecuencia eso trae una afectación en las posibilidades de contratar privadamente, y poder estimular la base de compradores a través de financiamiento directo», recalcó.