Tanto diputados del Consejo Legislativo del estado Lara (CLEL), como representantes del movimiento de ambientalistas y de instituciones del Estado, discuten el Proyecto de Ley para la Protección de los Recursos Hídricos en Lara, que fue aprobado en primera discusión en 2024 por la gestión anterior de legisladores.
Sostienen que es de suma importancia atender el déficit de agua regional a través de una normativa que refleje la realidad local, con el propósito de frenar la deforestación y el uso de la agricultura sin prácticas sostenibles que están degradando las cuencas hidrográficas e incluso los pozos subterráneos que surten a Barquisimeto y Palavecino.
El 28 de agosto, el parlamento regional recibió a los expertos ambientales, al director estatal del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (Minaguas) y a representantes de Inparques que analizaron los 38 artículos que tiene este documento.
«El uso, aprovechamiento, protección y conservación de las aguas debe ser eficiente, equitativo, óptimo y sustentable», reseña el documento. Los debates están liderados por la Comisión para la Participación Popular, Obras y Servicios Públicos, presidida por José Luis Ramos, diputado del CLEL y la Comisión de Desarrollo Social, Misión y Grandes Misiones y Protección Ambiental, cuyo vicepresidente es Flor Escalona.
Ley de protección del agua busca mejorar su suminstro
«Se tiene que trabajar en la conservación de las cuencas hidrográficas, en su protección, porque Lara es un estado semiárido, sumamente seco», comentó Ramos. Miembros de Inparques, señalaron que en el estado hay una «escasez crónica de agua», ya que más del 80% de la población del estado se ve afectada por la falta de agua por tubería. Hay comunidades que han pasado años sin recibir el servicio continuo y están obligadas a pagar camiones cisternas, representando una carga económica para las familias.
«Estamos evaluando la factibilidad del proyecto de ley para llevarlo a segunda discusión. Nos preocupa que haya personas que han desforestado los bosques de los pozos de Titicare, al sur de Barquisimeto y de Carabalí, en Palavecino, porque están sembrando frutas y hortalizas, utilizando agroquímicos, contaminando áreas verdes que deben ser protegidas, porque es el líquido que consumen miles de personas», refirió Escalona.
Según precisó Francisco Cañizales, ambientalista, este proyecto se inspira en la Ley Nacional de Aguas, pero pretende sectorizarse a la realidad regional. «Hay que atender la protección de las cuencas altas, como la del Río Tocuyo, que se ha desforestado para la producción de café a plena exposición solar. Esto también se registra en el Parque Nacional Yacambú, donde nace el río Turbio y afecta la represa Dos Cerritos y los acuíferos del valle del río Turbio. Entonces, hay que tener cuidado en la legislación, pero también en la fiscalización y control», comentó.
Sostiene que Lara debe contar con personal que pueda visitar continuamente los sitios donde nacen las cuencas hidrográficas, poder contar con los equipos de protección ambiental, incluso que haya monitoreo remoto.
Por su parte, Luis Manuel Reyes, director de Minaguas en Lara, indicó que en las discusiones han determinado que el proyecto tiene vacíos legales que deben atenderse, porque no puede ser una copia de la Ley Nacional de Aguas.
«Temas que deben estar en discusión, lograr una agricultura adecuada, porque vemos cómo en Río Claro caficultores han venido desforestando las riberas de los ríos, el café se debe sembrar a sombra para proteger los ríos», puntualizó.