El alto encaje legal de 73% que mantiene Venezuela desde la pandemia, hace que la cartera crediticia sea de apenas 2.000 millones de dólares, que representa el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), de la nación. Un monto muy bajo si se compara con economías como Colombia y Brasil. Así lo explicaron directivos de Fedecámaras durante un foro desarrollado en Barquisimeto. Adán Celis, presidente del gremio, destacó que el principal problema de las empresas es que no tienen acceso a financiamiento bancario, pero por encima de eso, lo más grave es que el país sigue sin posibilidad de acceder al sistema financiero internacional, porque no se ha renegociado la deuda externa.
«Venezuela necesita más que créditos de consumo, grandes capitales, inversión sobre todo en áreas como la construcción, que es el sector que más empleos puede generar. La economía seguirá siendo enana si el sector construcción sigue paralizado 95%. Tenemos una economía de sobrevivencia…La solución final llega de un acuerdo político para renegociar la deuda y para que vengan las multinacionales a invertir», exclamó Celis.
Rafael Trejo, tesorero de Fedecámaras, habló que para que el Estado venezolano se pueda ocupar del pago de la deuda externa, que según algunos economistas puede rondar los 90 millones de dólares, debe existir confianza e institucionalidad
Empresarios presionan por solución
Aunque el Gobierno anunció el 28 de agosto un descuento en el encaje legal bancario, este no se ha concretado. «Los gremios seguiremos haciendo presión para que esta medida se logre. Las conversaciones con el Gobierno han sido continuas pero poco efectivas. Los empresarios hemos aprendido a trabajar sin los bancos y eso tampoco es bueno porque limita el crecimiento», comunicó Tiziana Polesel, vicepresidente de Fedecámaras.
Una manera de subsistir ha sido la aparición del crédito privado. En la actualidad el 90% del crédito de consumo que existe en el país viene de una empresa que creó una aplicación móvil. Felipe Capozzolo, primer vicepresidente de Fedecámaras, resaltó que en los últimos años los comercios han vuelto a trabajar con consignaciones y muchos proveedores dan plazos de pago en dólares de entre 90 días y 120 días para seguir vendiendo y sacar a flote sus negocios.
La cúpula empresarial ha solicitado al oficialismo una simplificación del sistema tributario que permita el aumento de la base de recaudación para combatir la informalidad.
Celis también se refirió a las sanciones sobre Pdvsa, que impuso Estados Unidos tras las presidenciales. «Las sanciones lo que hacen es empobrecer a un país. Terminan afectando a los venezolanos aunque están dirigidas al Gobierno. Por ejemplo, aquella persona que tiene un puesto en un mercado y quiere tener Zelle o cuenta en dólares en el exterior, no la puede abrir por las sanciones. Tenemos que pedir que los problemas político no afecten a los ciudadanos», exigió.