Jesús Oviedo y José Miguel Najul | LA PRENSA.- Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional (AN), recibió junto a la directa del Poder Legislativo un documento escrito por los exconstituyentes de 1999, que se titula «Declaración País», donde explican la crisis nacional y respaldan el referendo revocatorio.
Durante la mañana de este viernes 15 de julio Ramos Allup expresó, tras recibir el texto: «ustedes deben sentirse un poco como el papá que ve apaleado al hijo». Refiriéndose a las interpretaciones que hace la Sala Constitucional de la Carta Magna.
No podemos seguir tolerando que se siga violando la constitución».
En su alocución, el presidente de la AN, también se refirió a las fuerzas armadas, y señaló que «la constitución solo dice que hay cuatro componentes. Ninguna ley puede decir que hay otros».
Sobre la decisión de la AN, en dejar sin efecto la selección y designación de los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dijo que este quiere destituirse a sí mismo y no que el Poder Legislativo intervenga.
Ahora somos mayoría y vamos a respetar la constitución».
Sin efecto designación de magistrados del TSJ
La Asamblea Nacional aprobó el jueves 14 de julio el informe de la “Comisión Especial para el rescate de la institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia” a través de la cual pretenden dejar sin efecto la designación de los 13 magistrados que componen el Poder Judicial desde el mes de diciembre del 2015, cuando fueron seleccionados por el parlamento saliente, entonces dominado por el chavismo.
Calixto Ortega, Lourdes Suárez, y Cristian Zerpa fueron los tres magistrados cuyos perfiles fueron considerados como irregulares, por lo que los diputados proponen dejar sin efecto el proceso de selección y, por lo tanto, removerlos del cargo.
Jorge Rosell, exmagistrado de la antigua Corte Suprema de Justicia y destacado jurista, aclara que “no es una destitución, sino la anulación del procedimiento mediante el cual designaron a los magistrados en diciembre del año pasado”.
Rosell explica que esta es una prerrogativa exclusiva de la Asamblea Nacional, ente encargado de elegir, a través de una comisión evaluadora, a los magistrados.