José Miguel Najul | La Prensa.- Los insumos de construcción que explotan en el cauce del Río Turbio no están yendo en su totalidad a los galpones de la Gran Misión Vivienda Venezuela (se presume que puedan distribuirse por canales de constructoras privadas). Además, quienes lo sacan no pagan los tributos, desvían el cauce peligrosamente hacia la avenida Ribereña y no han hecho ninguna reinversión ni siembra en el valle.
Las denuncias son emitidas por Daniel Antequera, diputado a la Asamblea Nacional, quien entregó ayer un documento, en la sede regional, en el que pide el pronunciamiento del Ministerio de Ecosocialismo. Estuvo acompañado de los concejales Carolina Mendoza, de Iribarren, y Jeremías Zavala, de Palavecino, quienes aseguran que ambas jurisdicciones sufren los efectos colaterales de esta explotación sin control del cauce del río.
En Iribarren, varias familias temen que el desvío del cauce arrase con sus viviendas en una crecida repentina del río. En Palavecino, denuncian el deterioro de los acuíferos que
abastecen a varios sectores, en especial a la parroquia José Gregorio Bastidas.
Durante la entrega del documento, llegó el señor Alfonso Bujanda, dueño de una de las haciendas (Molino arriba, Molino abajo, Bella Vista y Las Damas, unas 350 hectáreas de extensión) ubicadas entre Macuto y Las Damas, que fueron expropiadas hace 10 años por el Gobierno nacional.
Además, Bujanda declaró que en mayo del año pasado un tribunal falló a favor de los antiguos propietarios. Pidió al Ministerio de Agricultura que devolviera las propiedades a sus dueños originales, y que les diera un curso para que diversificaran la siembra, que antes era de pura caña de azúcar.
Sin embargo, a estas alturas la orden no ha sido ejecutada, y siguen a la espera de que se motorice el cambio ordenado por el tribunal.