Agatha Reyes | LA PRENSA.- La duda sobre la transparencia electoral se mantiene. Y es que las irregularidades previas a los comicios electorales aumentan la incertidumbre sobre la legalidad electoral.
Por un lado hay quienes deslegitiman el proceso presidencial que fue convocado a principio de año por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) quién ordenó al CNE que realizara los comicios antes del 30 de abril. En primera instancia fueron convocados para el 22 de abril, sin embargo la fecha fue movida para el 20 de mayo.
La comunidad internacional fue la primera en reaccionar y determinar que las elecciones “carecían de legalidad” al no haber sido convocadas por el CNE y no cumplir con los lapsos establecidos en la ley de procesos electorales, pues la concreción de la jornada se hizo en menos de tres pasando por encima de la normativa que establece seis meses para la preparación.
Horacio Zavala, politólogo considera que el adelanto electoral tiene una sóla razón “el Gobierno no puede esperar al segundo semestre pues la crisis económica afecta su popularidad”, aseveración que hace al recordar que los comicios están envueltos en un escenario económico crítico, donde la inflación anualizada del mes de abril alcanzó el 13 mil % según los datos que maneja la Asamblea Nacional.
Explica que el gobierno se encuentra “acorralado” por la poca capacidad de respuesta y a eso le suma la presión internacional que se ha ido incrementando. En este caso Reinaldo Rivas, politólogo, mantiene que en caso de ganar Nicolás Maduro la presión se mantendrá pues a nivel internacional ha perdido la credibilidad, caso que dice pudiera cambiar en el hipotético caso de una victoria de Henri Falcón.
Sin embargo, hasta la fecha el desconocimiento de más 52 países se mantiene al igual que la duda de que pueda ocurrir las semanas siguientes al 20 de mayo, pues quien resulte ganador asumirá el cargo en enero del 2019.
Regalías presente
Un factor que marcó la carrera electoral está relacionado a las regalías gubernamentales a través del carnet de la patria. Según Grace Lucena, miembro de Avanzada Progresista, el gobierno busca ganar el respaldo a través de bonos otorgados de forma mensual.
Además denunció que a través de las bolsas CLAP y amenazas de despidos en instituciones públicas “chantajean al pueblo”.