José D. Sequera | LA PRENSA.- Como si sólo hubiera pasado un día, la señora Carmen Canelón sostiene la foto de su hijo, José Miguel Pestano, una de las 22 víctimas que hubo en el estado Lara durante las protestas antigubernamentales del año pasado. Las lágrimas corren por sus ojos mientras ella habla.
Pedir justicia me parece vacío. Sólo quiero tener una cara para preguntarle si sintió satisfacción al dispararle por la espalda a mi hijo”, comenta con voz entrecortada.
Ella junto a familiares de otras cinco víctimas de las protestas se reunieron ayer en la sede de la organización Movimiento Vinotinto para
clamar justicia por los caídos y darle un parado a la impunidad.
El director de esta ONG, Manuel Virgüez confirmó que del total víctimas mortales, sólo existen imputados por el asesinato del teniente retirado Danny Subero, ocurrido después del velorio de la también víctima de las protestas, Manuel Sosa.
Además reportó que en lo que va de 2018 esa ONG lleva registradas mil 708 protestas a nivel nacional.Cada familiar contó de manera particular sus experiencias. Francia Angulo, hermana de Yaneth Angulo, asesinada en El Tocuyo el 11 de julio, dijo que su caso está reposando todavía en la Fiscalía 21.
“Tenemos cara, tenemos pruebas, tenemos bala, pero aún no se hace nada”, contó. Lo mismo dijeron Luis Sosa y su esposa María de Sosa, padres de Manuel Sosa. Ellos expresaron que “ellos lucharán hasta atrapar al culpable”.
Pero parientes de Yoiner Peña y Nelson Arévalo afirmaron que los casos de ellos están inconclusos porque el Ministerio Público no ha hecho la celeridad correspondiente. El padre Alfonso Maldonado, de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis del Barquisimeto estuvo presente en la reunión y precisó que los funcionarios que participaron en estos actos “no iban a escapar de la justicia divina”.