Ágatha Reyes | LA PRENSA.-No pasó mucho tiempo para que Tareck El Aissami hablara y de inmediato una ONG de progenitores en Lara lo rechazara por ser inconstitucional.
El anuncio del vicepresidente donde dice que para colocar vacunas a los niños se pedirá del Carnet de la Patria, encendió a la organización Madres y Padres por los Niños en Venezuela (Mapani) quienes consideran el requerimiento como una “violación al derecho de recibir atención médica de forma gratuita”. Las “perlitas” de El Aissami obligaron a miembros de esta ONG a acudir a la Defensoría del Pueblo para consignar un documento exigiendo se esclarezca el uso de carnet.
Gretna El Halabi, miembro de Mapani, asegura que no se informó qué sucedería con aquellos que no tengan el documento “¿no se le pondrá a los niños o se le venderá?”, preguntó.
Ante la preocupación, El Halabi explicó que en caso de no colocarle las vacunas a los niños se viola el artículo 84 de la Constitución que establece que el Estado debe garantizar el acceso al servicio de salud pública “regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad”.
El documento fue recibido por Elba Iris Rodil, defensora del Pueblo, quien aseguró hará de conocimiento a Alfredo Ruiz, actual defensor del pueblo para que solicite directamente a El Aissami explique el procedimiento para el plan de vacunación.
Sin embargo Linda Amaro, viceministra de Salud, negó el uso del Carnet de la Patria y aseguró que el único requerimiento es el “tarjetón o carnet de inmunización” donde se lleva el registro de vacunas, algo que respalda Carmen Meléndez, candidata a la Gobernación de Lara por el PSUV, quien asegura que el carnet sólo es para llevar una base de datos y poder tramitar ayudas sociales.
Andrés Colmenares, miembro de (ONG en derechos humanos), señala que la salud no puede ser politizada porque el estado debe garantizar el acceso gratuito a servicios médicos.
Explica que incluir la política en el plan nacional de vacunación puede ser visto como un “apartheid” que perjudica directamente a la infancia.
Según aportaron estas ONG, en Lara no hay una denuncia formal sobre este caso.