• Carlos Blanco es economista, tiene una maestría de Planificación Industrial y un doctorado en ciencias sociales de la UCV.
• Fue secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) entre 1984 y 1989, presidente de esa misma comisión entre 1989-1992 y al mismo tiempo fue Ministro para la Reforma del Estado en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.
• Es uno de los asesores del plan de Gobierno de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025.

En la década de los 80, Venezuela vivió la necesidad de reformar y modernizar el Estado, alcanzando un logro clave: la descentralización, con la elección popular de los gobernadores y alcaldes. Hoy, Carlos Blanco —economista, exministro de la Reforma del Estado durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y uno de los asesores de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025—, sostiene que la tarea para reconstruir la República y lograr la democracia debe ser mucho más profunda.

“El régimen que ha imperado en Venezuela es el régimen criminal que controla el Estado”, exclamó. Señala que el trabajo va más allá de cambiar a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o crear un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), que considera se debe elegir a la brevedad posible. Incluye la reinstitucionalización de la Fuerza Armada, la recuperación de la libertad y democracia plena, y al mismo tiempo el rescate de la soberanía nacional y popular.

“Desde que el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) sacó a Nicolás Maduro, tiene un papel de tutelaje y control. Pero nosotros tuvimos casi un cuarto de siglo bajo el control de los cubanos, de los rusos, de los iraníes, de los grupos irregulares que han ocupado el territorio”, acotó.

¿Qué rescata de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), de ese proceso de transformación política, institucional y económica que se debe aplicar de cara a una transición?

Lo fundamental es atender un amplio proceso de consulta del país para conocer en detalle sus necesidades. Hay que rescatar la descentralización, que fue una de las grandes victorias y que fue destruido completamente por el régimen actual. En la descentralización está la base del desarrollo político y social del país…Creo que a diferencia de ese período de los 80 y 90, que se trataba de reformar el Estado, de hacerlo mejor, quitarle los vicios, ahora no se trata de reformar el Estado, en muchos sentidos se trata de construir el Estado, porque el Estado venezolano ha sido devastado por esta mafia que se ha enquistado en el poder.

¿Es un proceso más difícil?

Construir el Estado es ahora mucho más difícil, pero al mismo tiempo es mucho más probable que nuevos diseños, los que entonces no existían, estén al orden del día. Creo que la cantidad de venezolanos que ahora se han relacionado con otras culturas, con otros países, con otras experiencias profesionales, van a ser esenciales para que junto con los que están dentro de Venezuela, que han aprendido a resistir las condiciones más adversas, puedan encontrarse para construir este nuevo país que vamos a tener, en sus primeras etapas bajo el liderazgo y la conducción de María Corina Machado.

El Gran Acuerdo Nacional, propuesto por Machado, para unir fuerzas políticas y civiles que ha sido respaldado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ¿va a incluir a quienes le pueden hacer contrapeso, o a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que ha sostenido a este Gobierno?

Este Gran Acuerdo se está comenzando a discutir en la base social del país, en pequeños grupos en todo el país para debatir sobre distintos campos: en la educación, en la salud, en la vivienda, en los temas de infraestructura que requiere Venezuela, etc. Todos los venezolanos pueden participar, sin distinción. Y uno de los temas a tratar es la reinstitucionalización de la FANB, porque es una institución destruida…Chávez comenzó por utilizar uno de sus componentes, el Ejército del cual él fue parte, como su guardia personal, como su instrumento personal y así se generó una amplísima corrupción en muchos de los mandos militares, pero realmente la mayoría de la oficialidad no participa ni participó en ese proceso, lo mismo en los otros componentes: la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.

Sobre el punto de la FANB, ¿qué busca Donald Trump, presidente de Estados Unidos en Venezuela? Lo digo porque el diario The New York Times, habla de que EE. UU. está negociando supuestamente instalar bases para una posible presencia militar estadounidense a largo plazo.

No puedo dar datos sobre algo que desconozco. Lo que sí puedo decir es que la sociedad democrática venezolana durante mucho tiempo generó una cooperación entre la Fuerza Armada Nacional y la Fuer‑zas Armadas de EE. UU. En Venezuela había una misión militar que duró hasta comienzos de Chávez, que la expulsó, con la que había acuerdos para el entrenamiento del personal, operaciones conjuntas. Muchos militares venezolanos fueron a los centros de instrucción militar en EE. UU. Hubo una relación estrecha en materia de equipamiento militar, de entrenamiento, de cooperación con la DEA para combatir la lucha contra el narcotráfico, pero eran acuerdos transparentes.

El partido demócrata ha recuperado la Cámara de Representantes, pero también el Senado de EE. UU. Ha sido una derrota aplastante para Trump. ¿Cómo repercute ese resultado en la búsqueda de una transición en Venezuela?

Quiero decir en primer lugar, que la orientación que hemos tenido bajo el liderazgo de María Corina Machado en este proceso y en las relaciones con los Estados Unidos ha sido la de construir, desarrollar, apoyar un movimiento bipartidista en EE. UU., en el Congreso, en relación con el tema venezolano. A pesar de la polarización que hay en EE. UU., una de las zonas de entendimiento es la democracia de Venezuela… Lo que yo veo es que ahora podría desarrollarse un entendimiento que acelere el proceso electoral presidencial en Venezuela.

¿Se podría adelantar la elección presidencial, considerando las críticas de los demócratas ante la falta de cambios políticos en Venezuela, tras la salida de Maduro?

Básicamente, la fuerza que promueve la elección presidencial en Venezuela es el movimiento democrático del país liderado por María Corina Machado. Observemos que desde hace mucho tiempo, cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, planteó sus tres fases: la fase de estabilización, luego la de recuperación, luego la de transición, que tendría al final un proceso electoral, eso parecía larguísimo, pero progresivamente EE. UU. y distintos actores de la comunidad internacional han comprendido que es necesario un proceso electoral. No solamente porque es un hecho que María Corina va a ser la presidente de la República una vez hecha la elección, sino porque las instituciones necesarias para garantizar lo que hay que garantizar: las inversiones, los acuerdos internacionales, el respeto a la propiedad privada, una FANB institucional, una Asamblea Nacional que funcione y que no esté subordinada al Ejecutivo, unos tribunales que realmente impartan justicia, requiere esa sombrilla de la jefatura del Estado.

¿La transición debe comenzar por tener un presi‑dente electo y no por tener un nuevo TSJ?

El Presidente de la República es el jefe del Estado. Es decir, tiene que velar por la vigencia de todos los poderes públicos nacionales y regionales, y eso significa que la elección presidencial ampara y le da cobertura al desarrollo institucional de todas esas ramas del poder público.

¿Cuándo es viable hacer elecciones presidenciales?

En los próximos siete meses. En julio del año que viene, pero hay que ponerle fecha.

Hay ahora un Congreso en EE. UU. más crítico de la administración Trump, que podría exigir transparencia sobre los contratos energéticos firmados con Venezuela, las condiciones de las negociaciones y los compromisos asumidos por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. ¿Cómo cambia eso el juego político en Venezuela?

Seguramente, la nueva situación política en EE. UU. podría ser propicia para una investigación más a fondo de esos contratos. Pero quiero decir que hay no solamente en los demócratas, sino en muchos republicanos un interés en conocer cómo se manejan las cifras. Esto no es un problema de los congresistas de Estados Unidos, esto es un problema de los venezolanos. Los venezolanos necesitamos saber la naturaleza de esos contratos, adónde van los recursos y los personajes que participan en él.

Hay analistas políticos que no creen posible una fecha de las presidenciales tan pronto, la proyectan para finales de 2027 o para 2028, porque Estados Unidos ha colocado por encima su interés en reestructurar la deuda de Venezuela, que es gigantesca. ¿Qué pasa si se le da prioridad a ese tema?

Hay distintas opiniones. Pero creo que lo primero debe ser restablecer el orden constitucional venezolano, restablecer la democracia y a partir de allí hacer lo que haya que hacer, porque solamente un Gobierno reconocido por su legitimidad, por su legalidad y por su capacidad de poder llegar a acuerdos sobre distintos temas, puede manejar el tema de la deuda externa en Venezuela. Porque lo que no se puede permitir es que la negociación de la deuda forme parte de esas cosas oscuras, como los contratos que se están haciendo, que nadie conoce nada y que permiten que procedimientos no legítimos o no legales tengan lugar.

¿Qué evaluación hace de la dependencia que tiene la transición en Venezuela de la figura de Donald Trump?

El gobierno de los Estados Unidos sacó a Nicolás Maduro del poder; sin embargo, en lugar de que asumiera la presidencia Edmundo González Urrutia —quien fue electo en Venezuela en julio de 2024—, permitieron que quedara Delcy Rodríguez ejerciendo un evidente papel de tutela y control. Con esto, quiero enfatizar que llevamos casi un cuarto de siglo bajo el dominio de cubanos, rusos, iraníes y grupos irregulares que han ocupado nuestro territorio. Ahora, ante esta nueva tutela estadounidense —que tuvo la virtud de encarcelar a Maduro y a su esposa como responsables directos del régimen—, la tarea que se nos presenta es aprovechar la oportunidad de unas elecciones presidenciales. El objetivo ahora no es solamente recuperar la libertad y la democracia plenas, sino también restaurar la soberanía nacional y popular.

Sobre Carlos Blanco

Carlos Blanco es economista, tiene una maestría de Planificación Industrial y un doctorado en ciencias sociales de la UCV. Fue profesor titular de la Escuela de Economía de la UCV y ha sido docente e investigador de la Universidad de Boston y de Harvard, en Estados Unidos. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) entre 1984 y 1989, presidente de esa misma comisión entre 1989-1992 y al mismo tiempo fue Ministro para la Reforma del Estado en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ha sido consultor del BID. Ha realizado publicaciones muy diversas en cuanto a libros y artículos a nivel nacional e internacional. Es uno de los asesores del plan de Gobierno de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025.

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