A. Reyes/ J. Sosa | LA PRENSA.- La presencia de Maikel Moreno, presidente del TSJ, ante la ANC generó incomodidades en especialistas del derecho, por considerar que existe una posible subordinación del ente judicial a una asamblea que sigue siendo catalogada como ilegal.
“Hay una postración del Poder Judicial frente a la gallera que se ha convertido la ANC”, así lo dijo el abogado José Manuel Záa, quien asegura que el Poder Judicial ha sido infiltrado por factores políticos desviando su rol principal, lo que a su juicio sigue contaminando las instituciones, que hoy son dirigidas por representantes del PSUV.
Refiere que la solicitud de aumento de pena se puede entender como un “arrebato infundado”,donde sólo diez de los 545 asambleístas, toman decisiones.
Aclara que el Código Penal venezolano establece las penas correspondientes, señala que la solicitud de Moreno no contribuye a la solución de los problemas que aquejan al pueblo“No hay solución a la violación de los derechos humanos o al aumento de la violencia”, asegura que lo único que se logrará es el aumento de personas en recintos penitenciarios.
No descarta que este sea un primer paso para las modificaciones a la CRBV, que el mismo gobierno descartó en una primera instancia.
Juzgados civiles
El presidente del Colegio de Abogados de Lara, José Luis Astudillo, explica que el regreso de los casos de jóvenes detenidos a instancias civiles puede ser visto como una ambigüedad. Aseveración que hace tomando en cuenta que dichos casos “jamás debieron estar bajo juzgados militares”, porque se evidencia una violación a los derechos ciudadanos.
Asimismo, Andrés Colmenares, abogado y parte de la ONG Funpaz, señaló que esta decisión refleja política de intromisión, donde las decisiones las está tomando directamente el Ejecutivo nacional.
En el estado Lara aún se mantienen en privativa de libertad por orden del Tribunal Militar 22 personas, según lo dio a conocer Abraham Cantillo, abogado del Foro Penal, quien explicó que con ello pretenden desligarse de la causa.