Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.- Como una catástrofe cataloga Marino Alvarado, coordinador legal de la ONG Provea, la salud y educación en Venezuela y resaltó que en nueve añ;os han documentado 305.397 denuncias por violaciones al derecho a la salud.
En el informe anual de Provea detallaron que en el añ;o 2022 se cumplió una década del acelerado declive institucional, financiero y operativo del sistema público sanitario y su severo impacto en la calidad de vida de los venezolanos, todo esto en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja.
«Hay un enorme deterioro del sistema público de salud y le hacemos la pregunta al Gobierno, y particularmente a Nicolás Maduro, ¿;Qué pasó con la promesa de rehabilitar los ambulatorios?, estos están en el suelo y con ella la Misión Barrio Adentro. El sistema público está bastante crítico, catastrófico sin que exista un compromiso real de mejorar», sostuvo Alvarado.
Durante la ponencia de Alvarado donde explicaba la grave situación de la salud, la doctora Luzmila Leal, miembro de «Médicos Unidos» intervino y aseguró que el tema de los hospitales cada vez es más grande por el déficit que existe, además de la desinformación que hay en cuanto a las cifras de morbilidad y que desde el añ;o 2015 el Gobierno no publica estas estadísticas.
«Es una forma de esconder la información y todos debemos exigir al Gobierno que entregue las estadísticas de cada centro de salud», sostuvo la doctora.
También recordaron los informes del Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu) que durante añ;os alertó que la tasa de mortalidad materna en el estado Lara iba en aumento y recordaron cifras del añ;o 2021 con un 26% y fue de 144 por cada 100.000 nacidos vivos.
Las cifras de denuncias por vulneraciones del derecho a la salud han ido aumentando y Provea destacó que en el añ;o 2022 se registró un incremento de 34,7%.
Las fallas en educación es otra de la problemática que existe en el país y así lo han hecho ver maestros, profesores y organizaciones sin fines de lucro, que por añ;os han denunciado el estado deplorable en el que se encuentra el sector.
Para Alvarado, en el país hay una deserción invertida porque son los educadores en todos los niveles que abandonan sus cargos por los bajos salarios, además del grave problema que existe en las infraestructuras como en las universidades públicas.
Durante el evento para presentar el informe anual de provea «Desigualdad e impunidad: la pandemia de Venezuela», que contiene los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas en 14 derechos humanos en el país, estuvieron presentes miembros de «Unidos por el Agua y los Derechos Humanos», además de abogados de Movimiento Vinotinto y otras asociaciones civiles.
Marisol Bustamante, defensora de los Derechos Humanos, dijo que los problemas de los larenses no solo son en Barquisimeto sino también en los sectores rurales de los municipios. «Debemos profundizar y no quedarnos en la capital porque allá hay problemas quizás más fuertes que aquí», dijo.
Siguen las muertes
El informe indicó que el añ;o pasado se registraron 824 presuntas violaciones al derecho a la vida, ocurridas en distintas circunstancias, entre las que destacan las ejecuciones extrajudiciales, pero que en comparación con el añ;o 2021 hubo un descenso.
Provea indicó que durante 10 añ;os de gestión de Nicolás Maduro, 9.465 personas han sido asesinadas por policías y militares.
Alvarado aseguró que existe falta de voluntad por parte del Gobierno para investigar los crímenes de lesa humanidad. Destacó que en Lara las presuntas ejecuciones extrajudiciales disminuyeron pero sigue habiendo impunidad, además que no hay avance en los casos relacionados con las protestas de 2014 y 2017, cuando murieron más de 20 larenses.
