- La huelga llega además en plena precampaña: se celebra 18 días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
España se prepara para una nueva huelga general. El próximo miércoles, 11 de noviembre, será una jornada marcada por las movilizaciones, cuyas principales reivindicaciones son el aumento salarial y el acceso a una vivienda digna.
La convocatoria, impulsada inicialmente por el Sindicato de Inquilinas, ha recibido el respaldo de las principales organizaciones sindicales, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), además de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
El paro tendrá una duración de 24 horas y se extenderá por todo el territorio nacional, con la posibilidad de que participen tanto trabajadores de empresas privadas como empleados públicos. Los sindicatos registraron formalmente la convocatoria ante el Ministerio de Trabajo el pasado 19 de octubre, bajo el lema «Salarios, vivienda y precios».
La huelga llega además en plena precampaña: se celebra 18 días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Horarios y fechas de la huelga
Aunque la jornada de huelga es el miércoles 11, en las empresas con turnos comenzará con el primer turno, aunque empiece antes de las 00.00 horas, y terminará con el último, aunque se prolongue más allá de la medianoche.
Además, el martes 10 de noviembre también podrán parar los trabajadores que elaboren productos o presten servicios o suministros que deban tener efectos el día de la huelga.
Servicios mínimos
La huelga es un derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución, aunque no todos pueden ejercerlo: están excluidos, entre otros, los miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado. La ley obliga además a garantizar los servicios esenciales para la comunidad.
Esos servicios mínimos los fija la autoridad gubernativa mediante resolución motivada y proporcionada (artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977, de Relaciones de Trabajo). Corresponden al Gobierno en los servicios de ámbito estatal y a las comunidades autónomas en los de su competencia, y pueden aplicarse tanto a empresas públicas como privadas.
Con información de El Debate
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