Familiares de víctimas durante las protestas en Lara exigen celeridad en investigaciones.
Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA. – Siete años han transcurrido de las protestas en Venezuela y los familiares de las víctimas siguen clamando justicia, resaltan que los expedientes de la mayoría de los casos están «engavetados». Solo el 15% de los 140 crímenes en el país tiene sentencia.
En el estado Lara se registraron 26 muertes violentas en el contexto de las manifestaciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. Alexis Ramos, abogado y defensor de los Derechos Humanos, sostuvo que no hay avances en los casos y es por eso que se unió a los miembros de la Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (Alfavic) para entregar un documento en la Fiscalía Superior del Ministerio Público para exigir aceleración en las investigaciones.
Elvira de Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, aseguró que el Ministerio Público tiene una deuda con las víctimas y que no se está cumpliendo el principio de complementariedad. «El Estado está obligado a investigar y sancionar las graves violaciones de Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad por parte de los funcionarios del Estado», dijo.
Pernalete señaló que el Gobierno tiene una política de Estado y es la impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales.
«Queremos que los responsables tanto materiales como intelectuales de los asesinatos de nuestros seres queridos sean sancionados por el Estado venezolano. Durante todos estos años hemos trabajado no sólo por justicia, sino también por verdad, porque nuestros hijos fueron criminalizados y luego nosotros sus padres», comentó Pernalete.
Para Rosangela Durán la exigencia de hacer justicia no se trata de «capricho», pausa la voz para agarrar aire y resalta que Tarek William Saab, fiscal general, dice que está haciendo justicia , pero «nosotros no la vemos».
«Así como él hablaba que está haciendo justicia necesitamos que nos compruebe cuál es la justicia que está haciendo, porque en siete años no hay respuestas al caso de mi hermano. No es un capricho querer justicia, es que es una vida que se perdió y que nosotros no pensamos olvidar», comentó Rosangela, hermana de Roberto Durán, conocido cariñosamente como el «Chino» y que fue asesinado en la urbanización Terepaima, de un disparo en el pecho.
Pero la muerte de «Chino» se encuentra en «fase de investigación», así como los otros casos ocurridos en Lara y es que sólo por seis de las muertes existen personas señaladas en averiguaciones y órdenes de capturas, pero el abogado Ramos sostuvo que siguen estando «congeladas».
De los 26 homicidios ocurridos en el estado, solo por los casos de Grusenny «Tony» Canelón, Manuel Sosa, Eiker Gil Rojas, hay órdenes de captura contra funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mientras que en el caso de Yaneth Angulo, profesora de El Tocuyo, un funcionario de la Policía del estado Lara, pasó a fase de juicio, pero este caso se encuentra «congelado».
Los otros dos casos son el de Nelson Arevalo y el «Chino», ambos en fase de investigación. Pero, en los otros 20 no hay respuesta por parte del Ministerio Público.
El dolor siempre está presente en los familiares de estas víctimas y aclaran que en su mayoría eran jóvenes que salieron a protestar para exigir calidad de vida para ellos y sus familias. A esta lucha, se ha unido familiares de las víctimas de las presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Familiares detallaron que el camino hacia la justicia es para que este patrón de represión y asesinato no se vuelva a repetir en Venezuela.