Educación ambiental en Venezuela sigue siendo aislada y simbólica, incumpliendo su obligatoriedad y la meta 2030 de la Unesco de formar jóvenes con competencias verdes.
Las ONG Provea y Clima21 urgieron al Estado venezolano y a firmas internacionales a fijar compromisos ambientales y de derechos humanos frente a las nuevas licencias hidrocarburíferas.