jueves, 3 abril 2025
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Llamadas salían a Uribana

Euseglimar González. La Prensa- Desde David Viloria, antigua cárcel de Uribana, salían las llamadas en donde un preso se encargaba de extorsionar a un hombre. Le exigía 5 millones de bolívares. Funcionarios del Conas le pusieron los ganchos a la madre del tipo cuando fue por el “paquete”.

Mireya Gregoria Hernández (40) presuntamente fue detenida el martes cuando llegó hasta Moyetones sector III en la Circunvalación Norte.
Se conoció por fuentes del Conas que el privado de libertad se encargaba de hacer las llamadas y amedrentar al hombre. Supuestamente lo amenazaba con atentar contra su vida y la de su familia si no accedía a pagarle los 5 millones de bolívares.

La víctima decidió ir hasta la sede del Conas y denunciar. Tras las investigaciones de los funcionarios lograron dar que las llamadas salían desde el penal en Uribana. Estando en la sede lograron acordar con el extorsionador un sitio para hacer entrega del dinero.

La comisión salió hasta la Circunvalación Norte y la víctima llegó al sitio acordado. Detallan que tras varios minutos de espera apareció una mujer, vestía franela azul y bermudas. Presumen que vive por el sector III de Moyetones. La mujer apenas agarró el “paquete” los funcionarios le cayeron y la detuvieron.

En el procedimiento fueron incautados como evidencias dos celulares. A la mujer se la llevaron detenida hasta el Conas.
Los delitos de extorsión siguen aumentando y las llamadas, algunas veces salen desde las cárceles. Cuentan fuentes policiales que en el caso de David Viloria se está violando la ley que regula uso de los celulares en cárceles. La ley fue publicada en Gaceta 40.945, número 6.240.
“Aún cuando existe esa ley no se cumple. El Ministerio Penitenciario no se pronuncia ante esto y los delitos de extorsión siguen aumentando y las llamadas son desde cárceles”, dijo una fuente policial.

Se pudo conocer que Mireya tiene a sus dos hijos recluidos en David Viloria por el delito de robo agravado de carros. Ambos fueron detenidos a principio de 2017. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público.

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