Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Los presos en Lara no están muriendo por violencia carcelaria como en el pasado, el 87% fallece por hambre o enfermedades contraídas por el hacinamiento o las deficientes condiciones sanitarias de las celdas de reclusión. Así lo reveló el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en el informe que registra los casos de enero a septiembre 2020. Siendo la entidad el segundo a nivel nacional con más reos muertos, 47 en total en los últimos nueve meses, de los cuales 11 se encontraban en calabozos policiales y el resto en los centros penitenciarios David Viloria y Fénix, en Uribana. De esos casos 40 murieron por desnutrición y tuberculosis.
«La desnutrición está haciendo estragos en la población penitenciaria. Tenemos centros hacinados y en la cárceles es típica la tuberculosis (enfermedad bacteriana infecciosa). Si tengo una población desnutrida cualquier enfermedad los va a hacer presa fácil de la muerte«, denunció Carolina Girón, directora de OVP. Informó que durante la pandemia el acceso a alimentos ha sido muy limitado para los privados.
«No hay una explicación del porqué a las cárceles no están llegando los alimentos a tiempo, hay un presupuesto para atender esta necesidad, incluso el Ministerio de Asuntos Penitenciarios ha solicitado créditos adicionales, pero sigue habiendo opacidad en las cifras de las partidas. Tenemos los montos de 2017, pero del 2018, 2019 y 2020 desconocemos cuánto es el per cápita de manutención para cada preso», apuntó.
En el caso de los detenidos que permanecen en los centros de reclusión preventiva de destacamentos policiales, precisó que las condiciones son peores, porque el Estado en estos calabozos no garantiza ni el agua ni la comida, son los familiares quienes deben asumir los gastos. Afirmó que la primera medida que tomó el Estado venezolano cuando inició la pandemia fue suspender las visitas; eso ocurrió durante los primeros tres meses de la cuarentena. Posteriormente cuando se dieron cuenta que no tenían los recursos para mantener a los privados llamaron a los familiares para que los dotaran de alimentos y medicamentos.
«Le pedían la denominada paquetería, que no era nada más insumos básicos, sino también ropa y zapatos. El drama de una persona que tiene un ser querido preso en pandemia es grave, que no sólo les toca llevar alimentos a su familiar sino también el sustento diario a su casa. Han tenido problemas para movilizarse por la falta de gasolina y por la lejanía de estos centros. Los presos comen una sola vez al día, porque además hay problemas de logística del funcionario policial. Los policías deberían estar asumiendo funciones de seguridad ciudadana, pero en vez de eso están cuidando presos.», resaltó.
Repuntan muertos
Según Girón este año el número de privados de libertad fallecidos duplicaron los casos de 2019, con 314 en total, de los cuales 168 murieron por problemas de salud de enero a septiembre. En 2019 fueron 223, y de esos 111 murieron por complicaciones de salud. Es decir, si se comparan las muertes de reos en los últimos 12 meses, el incremento es de 51,35%.
«Ni en las cárceles ni en los centros policiales debe morir ningún recluso porque están en custodia del Estado, que debe garantizar la salud mental y física de los privados», exclamó.
Virus acecha
El Observatorio Venezolano de Prisiones registra en lo que va de año dos privados de libertad fallecidos por COVID-19; uno en Carúpano, en el estado Sucre, y un militar que se mantenía encarcelado en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Precisó que contagiados por este virus también han resultado fallecidos 13 funcionarios policiales que custodiaban a los privados.
«Tenemos un gran problema en los centros penitenciarios, hay tantos casos de fallecidos por tuberculosis, que no sabemos con precisión si realmente son casos de COVID-19, porque los síntomas son muy parecidos», refirió. Detalló que las autoridades regionales han informado algunos contagios, como en el estado Lara, Nueva Esparta, Sucre, Barinas y por cifras emitidas por José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional.
De acuerdo a este reporte la OVP contabilizó 135 contagiados por coronavirus, de esta cantidad 130 son contagiados de calabozos policiales y 3 son trabajadores de centros penitenciarios de Lara.
«Los protocolos de prevención sanitaria que han aplicado en las cárceles del país han sido en primer lugar suspender las visitas y la comunicación entre el privado de libertad y sus familiares. Las cárceles no tienen agua, por lo tanto no se cumple con el lavado frecuente de manos, y los privados son dotados de muy pocos tapabocas. Cuando reanudaron las visitas hace 15 días en lugares como El Rodeo, se detectó que lo que divide a los reos con los familiares es una reja, pero no existe un distanciamiento social como tal. La personas que acuden a estos centros penitenciarios les colocan un poquito de gel en las manos», describió.
La OVP exhorta a autoridades a garantizar las medidas de prevención para que la COVID 19 no afecte a la población penitenciaria que ya presenta condiciones nutricionales vulnerables.
Carabobo está en el primer lugar
En los primeros nueve meses, el estado Carabobo contabilizó 59 reclusos fallecidos, de los cuales seis estaban en calabozos policiales y 53 distribuidos en Tocuyito, ahora llamado Complejo Penitenciario de Carabobo. 44 de esas muertes fueron casos por desnutrición, tuberculosis y enfermedades respiratorias.
La cárcel de Tocuyito, es la que tiene mayor población penitenciaria, con un aproximado de 5000 internos. En tal sentido si se suma el número de muertes registradas entre Carabobo y Lara, la cifra es 106 privados de libertad muertos, es decir agrupan el 34% de las muertes.
Liberados para que mueran
Cuestionan que Ministerio Penitenciario otorgue libertades sin cumplir las leyes Carolina Girón rechazó las libertades bajo Régimen de Confianza Tutelado que ha otorgado la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, porque según datos del Observatorio de Prisiones, la mayoría de estos privados salen tan enfermos que terminan falleciendo al poco tiempo.
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«Abren las puertas de un penal y los dejan tirados para que mueran en la calle, en sus casas o en un hospital. Hemos visto gente que sale de una cárcel y camina perdida porque son privados que no conocen la zona. Hay un caso de un muchacho de 22 años desnutrido que no podía caminar, liberado en Barquisimeto y estuvo varios días tirado fuera del centro hasta que su papá llegó de Valencia, lo trasladó al Hospital Central, pero lo atendieron por dos días. El joven tenía los pies hinchados y murió después de haber sido dado de alta», denunció.
Comentó que los liberados por Régimen de Confianza Tutelado no tienen garantía de nada. «Como la libertad no la concede un juez ni el Poder Judicial entonces hemos tenido denuncias que cuando son liberados bajo esta situación y alguna autoridad los para en la calle los devuelven a la cárcel porque legalmente no tienen ninguna medida librada por un tribunal», resaltó.
Peligro sanitario
La directora del OVP, Carolina Girón también denunció que la mayoría de centros de prevención policial superan los estándares de hacinamiento. «Hay una comandancia policial en el estado Yaracuy que tiene capacidad para 80 presos y tiene más de 940. En Caracas, la Comandancia Policial conocida como Zona 7, tiene capacidad para 140 privados de libertad, y hay más de mil presos«, expresó.
En ambos sitios Girón alerta que se están presentando los problemas de salud relacionados con hacinamiento, como tuberculosis, escabiosis o sarna, y problemas de circulación por la falta de movilidad que tienen los internos. En el caso de la tuberculosis, la abogada indicó que esta enfermedad si tiene un diagnóstico oportuno y un tratamiento a tiempo los enfermos se pueden salvar, pero tales servicios médicos no son garantizados por el Estado venezolano.
Los contagios de tuberculosis no solamente afectan a los reclusos, también a los trabajadores de centros penitenciarios y a los custodios en destacamentos policiales. Los síntomas suelen ser agudos y pueden complicarse con neumonía bacteriana o asma.
Violan derechos de privados
La OVP denunció que en calabozos policiales extorsionan a los privados de libertad cobrando en dólares para que puedan ver la luz del día, como denunciaron familiares de privados en la sede la PNB en Caracas, conocida como Zona 7.
Detallaron que la salida de la celda hasta el patio tiene un costo de entre $1 y $4. «Todo depende de la capacidad que tiene la persona de palabrear al funcionario», sostienen.