Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.– El hambre sigue azotando a la población reclusa. En el estado Lara han muerto 98 reclusos durante dos años y el 90% de los decesos asociados a la desnutrición y tuberculosis, esta última una de las más contagiosas debido a la malnutrición de la población penitenciaria.
Durante el año 2021 murieron 39 reclusos, de esa cifra 35 murieron por enfermedades como desnutrición, tuberculosis e insuficiencia respiratoria, según los registros que maneja LA PRENSA.
Los privados de libertad se han visto afectados por enfermedades que vulneran sus vidas debido a la falta de atención médica, hacinamiento y poco acceso a los alimentos, según denuncian de los familiares de los detenidos tanto en la Comunidad Penitenciaria Fénix-Lara, Centro Penitenciario David Viloria y calabozos policiales.
«Desde que comenzó la pandemia a muchas madres se nos ha hecho difícil traerle la comida. En los penales hay presos que son de otros estados y sus familiares no pueden traerles los alimentos», comentó Iris Páez, hermana de un detenido.
Durante el año 2021, ocho reclusos murieron por desnutrición mientras que 22 fallecieron a causa de tuberculosis, el otro grupo por enfermedades como insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y muertes violentas.
El Observatorio de Prisiones ha denunciado que los reos que se han contagiado con tuberculosis dentro de las cárceles se debe al elevado índice de desnutrición, que se ha acentuado durante la pandemia.
En once meses del año 2021, en Venezuela murieron 171 privados de libertad, siendo el estado Lara con más casos registrado, seguido del Zulia con 28 detenidos fallecidos por diferentes causas.
«El Estado es garante de la protección de los privados de libertad y son los responsables de llevar los alimentos a las cárceles y que ellos tengan acceso a la alimentación», sostuvo Carolina Girón, directora del OVP.
Girón explicó que el 71.6% de los reclusos reciben alimentación por parte de sus familiares y no del Ministerio Penitenciario, un 28% de la población reclusa recibe alimentos del Estado, mientras que el 2% está «condenado a morir».
Algunos de los reclusos, pertenecientes a ese 2%, sobreviven por la caridad de los demás reclusos. El OVP informó que en 2020, las muertes en las cárceles por denegación de alimentos aumentaron, para ese año murieron 292 privados de libertad. Las muertes por condiciones de salud representaron el 63,01% de los decesos, con un total de 184 fallecidos por motivos de salud.
Poca alimentación
Una taza de atol es parte de lo que reciben los privados de libertad en los penales larenses. Familiares consultados por LA PRENSA indicaron que los detenidos comen gracias a que ellos les llevan alimentos.
«Hay una gran preocupación porque hay detenidos que son de Barquisimeto y sus familiares les llevan los alimentos, pero ¿Qué pasa con esos privados de libertad que son de Barinas, Yaracuy, Portuguesa y otros estados lejanos a Lara?, necesitamos alimentación para todos los presos», comentó Nayibe López, directora de la Asociación Civil Las Mercedes.
Girón explicó que los detenidos sólo reciben una vez al día alimentos. Detalló que el 91.5% no consume proteína, mientras que el 90% no consume ni verduras ni frutas.
La directora de OVP denunció que dentro de los penales con régimen (cerrado) reina la corrupción, debido a que los pocos productos de alimentos que el Estado envía quedan en manos de los funcionarios, quienes a su vez los venden a la población penitenciaria.
«El Gobierno no ha tenido voluntad política. Lamentablemente se olvidó de los presos», dijo Girón.
En los Centros de Detención Preventivos (CDP) la situación no es distinta a los penales, hay detenidos que pasan hambre debido a que los familiares no pueden trasladarse todos los días a llevarles comida.
Un caso reciente de muerte por hambre fue la de Ibrahim Durán, de 51 años. El hombre estaba detenido en el Eje de Homicidios del Cicpc.
Durán tenía más de un año detenido por el delito de homicidio. Presentó un cuadro de desnutrición, fue llevado varias veces al Hospital Central de Barquisimeto por descompensación.
A Durán poco era la alimentación que le llevaban al Cicpc, pues no tenía familia que se encargara de eso y comía por la solidaridad de otros reos.
La muerte de Ibrahim no es la única a causa del hambre, en Lara han muerto más reclusos por desnutrición, según los registros que a diario lleva LA PRENSA y fuentes internas en penales.
A Marcelino Contreras Camargo, de 65 años, recluso de la Comunidad Penitenciaria Fénix-Lara, lo mató el hambre. Tenía tres meses comiendo conchas de frutas, que botaban sus compañeros, para poder mantenerse. En abril de 2021 no aguantó más y su vida se apagó.
El cadáver de Marcelino fue reconocido por sus familiares tras pasar 3 días, debido a que su familia al igual que él, son oriundos de Ciudad Guayana, estado Bolívar, por lo que no se habían podido trasladar.
«Él nos pedía dinero para alimentarse, pero igual estaba desnutrido. Nos avisaron que se había caído y se golpeó el rostro, pero del penal no lo trasladaron al hospital, luego nos avisaron que ya se había muerto», dijo una de las familiares, cuando fue entrevistada por LA PRENSA.
Otra realidad que viven los reclusos y que ha sido una de las denuncias más constantes por parte de familiares, es que ellos llevan bolsas de comida, preparada, además de panes, pero en algunas oportunidades la paquetería no les llega.
Wilfredo Alvarado, privado de libertad de Fénix Lara, murió por desnutrición. El cuerpo del hombre de 57 años fue cambiando poco a poco a medida que pasaban los años en diferentes cárceles del país, aunque su esposa le llevaba comida tres veces por semana, esta no llegaba a sus manos porque según denunció nunca se la entregaban.
La esposa contó, que Wilfredo a veces solo recibía la mitad de la comida que le mandaban.& ;
«Cobran todo en dólares»
«En Fénix y Uribana si no tienes dólares para pagar los presos se mueren«, sostuvo un familiar de un recluso del Centro Penitenciario David Viloria.& ;
Familiares contaron que dentro de los penales a los privados de libertad les cobran por todo. Les venden «tetas» de café, azúcar y sal, supuestamente, les piden dinero en divisas para darles un tobo de agua.& ;
«El agua sigue siendo uno de los problemas que más afectan a los reclusos. Es necesario que el Ministerio Penitenciario responda por esta situación y los detenidos tengan el derecho al vital líquido», comentó otro familiar.& ;
A principio de año, los familiares denunciaron que supuestos funcionarios cobraban por una visita «especial» (conyugal) 50 dólares, mientras que por el ingreso de un celular la tarifa rondaba entre los 20 y 60 dólares.
Cuando ocurrió el motín, familiares denunciaron que en diciembre se dieron cuenta que algunos reclusos tenían armas de fuego. A través de una nota de prensa, el OVP destacó que, presuntamente, el costo por tener acceso a un arma es de 100 dólares.
El año 2021 inició con un motín en David Viloria
El descontento por el pago de la «causa», un tipo de impuesto exigido por los pranes a los reclusos para que puedan gozar de ciertos beneficios, generó un motín entre los privados de libertad del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como «Uribana» a inicio del año 2021.
La reyerta terminó con un reo muerto y al menos 10 heridos, situación que desnudó la corrupción dentro del penal e incumplimiento del régimen carcelario, pues los reclusos tenían en su poder armas de fuego, celulares y hasta ventas de alimentos en las instalaciones.
Para ese momento, se conoció que los reclusos debían cancelar a los pranes de cada módulo un dólar por semana por concepto de la «causa», y familiares denunciaron que de no cancelar son castigados, golpeados y aislados.
El 6 de enero, día del conflicto, los reclusos del Módulo 6 del penal estaban en descontento y reclamaban el cobro de la «causa», que es para tener derecho a usar un celular, acceso a visitas y alimentos. Familiares y reclusos que no quisieron identificarse por temor a represalias, detallaron que desde hace aproximadamente un año, supuestamente, están cobrando por el ingreso de alimentos y el pago de la «causa».
Pero el motín no ha sido lo único que ha pasado en el penal. Reclusos han denunciado maltratos durante el año.
Un caso reciente fue en noviembre, familiares de presos recluidos en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara y el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocida como Uribana, denunciaron que los detenidos han sido víctimas de maltratos y requisas violentas por parte de custodios e integrantes del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
Los funcionarios aplicaron requisas en ambos penales.
Celdas están abarrotadas
Calabozos policiales siguen abarrotados. Aún cuando la Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia, se trazó una meta para acabar con el hacinamiento en las celdas de Venezuela, solo llegó a casi la mitad del porcentaje.
En septiembre, tras un balance ofrecido por miembros de la comisión, lograron un total de 16 mil 800 medidas cautelares de excarcelación a presos, lo que representa una cifra del 44 por ciento que sufrían retardo procesal en los CDP del país.
La cantidad de medidas que otorgó la comisión tras la visita a los CDP de Lara y penales en el estado, desde el 28 de junio hasta el 25 de julio, fueron 520 medidas a reos que estaban en CDP, mientras que en los penales fueron 310 los casos.