Dama asesinada en Barquisimeto habría sido víctima de violencia institucional

Bárbara Leal buscó ayuda en tres estaciones policiales y no hubo respuestas

Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.- A Bárbara Leal Rodríguez, de 34 años de edad, la asesinó su expareja en medio de una discusión, que para abogados y defensores de los derechos de la mujer se pudo evitar, pero consideran que fue doblemente víctima.

«Todo el sistema conspiró con la muerte de Bárbara, todos son corresponsable de su muerte», sostuvo Yaira Rivero, abogada penal.

Rivero comentó que, por fuentes confidenciales, pudieron conocer que la dama habría recorrido tres estaciones policiales para pedir ayuda y que la acompañaran hasta la vivienda en donde estaban sus tres hijas, ubicada en la calle 26 con avenida Libertador, pues su esposo la había amenazado, presuntamente, con asesinar a las menores si no regresaba de Chile.

«En la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia está escrito la obligación que tiene todo organismo de seguridad a ser receptor de denuncias, pero en el caso de Bárbara parece que no hubo atención, no se le impuso una medida de protección y es por esto que hubo una violencia institucional», sostuvo la abogada.

Bárbara fue asesinada de una descarga de escopeta que recibió en el abdomen. El hecho quedó grabado, pues los policías acudieron cuando, presuntamente, ella pidió ayuda a un funcionario a través de una llamada.

Los policías acudieron al sitio del suceso, trataron de mediar con el agresor, Manuel Gómez, pero éste no escuchó y en medio de los gritos desgarradores de la dama le disparó, para luego él quitarse la vida.

La abogada resaltó que los policías que no aceptaron la denuncia de la dama, presuntamente, infringieron en la ley de la mujer el artículo 70; «quien en el ejercicio de la función pública, independientemente de su rango, retarde, obstaculice, deniegue la debida atención o impida que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución a la cual acude, será sancionado».

Rivero indicó que el Ministerio Público debería abrir una investigación por violencia institucional.