Agencias | LA PRENSA DE LARA.- En Venezuela a partir de 1958 el régimen puntofijista va a cometer innumerables asesinatos políticos, torturas, desapariciones forzadas y en fin, toda una serie de violaciones de derechos humanos en contra de los disidentes políticos que consideraban ponían en peligro la estabilidad del sistema. La cantidad de crímenes políticos ejecutados durante el periodo democrático posterior a 1958 fue considerablemente superior a los cometidos durante la dictadura militar inmediatamente anterior que no fueron pocos; los crímenes políticos perpetrados por el régimen puntofijista tomaron grandes dimensiones durante la lucha armada de los años sesenta, pero la violencia política fue adoptada como Política de Estado antes que se iniciara la lucha armada. Al respecto, los datos son más que elocuentes: solo en el mes enero de 1962 asesinaron a 35 personas en manifestaciones, hubo 202 heridos, 1053 detenidos, para ese momento los grupos armados no habían comenzado a actuar. Entre los crímenes individuales más sonados podemos mencionar: Fabricio Ojeda (1966), Alberto Lovera (1965), Jesús Márquez Finol, Motilón (1973), Jorge Rodríguez (1976) y Tito González Heredia (1976), durante la década de los años sesenta del siglo XX va a aparecer en América Latina una nueva táctica represiva contra la disidencia política conocida como la desaparición forzada, algunos autores señalan que fue en Venezuela, durante el gobierno de Raúl Leonis, que se inició esta funesta práctica; sobre la base de las consideraciones anteriores referente a la represión política puntofijista es que se asume que esta cumplió con lo establecido por Vilfredo Pareto referente a la circulación de las élites en el poder.
En el transcurso histórico de los gobiernos de Jaime Lusinchi al segundo gobierno de Rafael Caldera, se puede observar el aumento de los índices de abstención electoral de 12% a 40%, aunado al crecimiento de los índices de miseria de 9,2 a 70,34% desde el primer gobierno de Caldera hasta su segundo mandato, (1969-1998), se registraron en el ambiente problemas de funcionamiento económicos y políticos del Pacto de Punto Fijo; por ello la participación política, cuya disminución se puede registrar en el incremento de la abstención electoral, esta inminentemente ligada a la decisiones de tinte antipopular que los causahabiente del régimen pusieron en práctica en contra de las mayoría de la sociedad venezolana de escasos recursos. En este sentido se explica los proyectos y políticas ejecutadas por el sistema político de conciliación de élite puntofijista; ejemplo «Caso Plan Tinoco».
Plan Tinoco recibe ese nombre porque su ejecutor fue Pedro Tinoco, quien en el primer gobierno de Caldera fungió como Ministro de Hacienda; este personaje para ese entonces era «un representante de la burguesía parasitaria venezolana» ampliamente reconocido por sus vinculaciones con las compañías petroleras extranjeras, con empresas trasnacionales que operan en Venezuela y con Fedecámaras, de la cual fue uno de sus principales ideólogo y directivo, antes de ser ministro, en la asamblea anual de Fedecámaras de 1962, en la carta económica de Mérida, documento recogido de esa reunión empresarial, sostuvo y fue firme en su creencia de la coincidencia de los intereses de la colectividad en general con los intereses de los empresarios, para él, constituía un mismo ente, así mismo estaba convencido de la inminente unión de la inversión del Estado a la inversión privada.
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