LA PRENSA DE LARA.- El poder es una fuerza atractiva y persuasiva que puede seducir a quienes lo poseen. La autoridad, como una forma del poder, otorga a las personas, o un grupo de ellas, el control y la capacidad de tomar decisiones que afectan a otros. Sin embargo, la historia ha demostrado que la autoridad también puede usarse de manera abusiva cuando se teme a alguna forma de oposición. A lo largo de los siglos, líderes políticos, dictadores y figuras autoritarias han recurrido al abuso de autoridad para silenciar a sus oponentes y consolidar su control sobre el resto de la población.
A pesar de la prevalencia del abuso de autoridad en la historia y en el mundo moderno, también ha habido casos de resistencia exitosa. Movimientos sociales y activistas han luchado valientemente para desafiar el poder abusivo y reivindicar la importancia de la voz de la oposición. El derrocamiento de dictadores en países como Túnez y Egipto durante la Primavera Árabe, así como los movimientos a favor de la democracia en todo el mundo, ejemplifican la capacidad de las personas para resistir el abuso de autoridad y buscar un cambio positivo.
El caso de María Corina Machado, tal como el de otras figuras de la oposición venezolana, ha recibido en diferentes ocasiones la dosis del abuso de poder por parte de la cúpula de gobierno de Nicolás Maduro, siendo esta cúpula un conglomerado que controla las instituciones que, en teoría, deben trabajar en pro de los ciudadanos. Machado, actual precandidata a las primarias de la oposición para elegir al representante para las elecciones presidenciales del 2024 en Venezuela, ha sido inhabilitada políticamente y no podría ejercer la candidatura según el sistema de «justicia». Desde una opinión personal, la inhabilitación de Machado es una decisión arbitraria, abusiva y conveniente para el actual gobierno.
Amenazas y ataques sin consecuencias jurídicas. En junio de este año, se presentó una situación durante un recorrido que realizaba Capriles Radonski en una de las comunidades del estado Carabobo, donde una mujer lo agredió físicamente, pero sin consecuencia conocida por su acción. Con relación a otro acontecimiento similar, el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, realizó declaraciones amenazantes en contra de María Corina Machado, afirmando que había que sacarla a golpes de la entidad si decidía realizar campaña.
Esta situación me hace recordar lo vivido en carne propia el 29 de febrero del 2020, durante una marcha política convocada por la oposición en el Barrio la Paz de Barquisimeto, donde un grupo afecto al gobierno atacaron a los que hacíamos el recorrido pacíficamente, utilizando desde piedras y palos hasta armas de fuego, dejando varios heridos, entre ellos, un joven de 16 años, quien recibió un impacto de bala.
¿Dónde queda la ley contra el odio? La ley contra el odio no es más que una herramienta adicional para reprimir y fomentar la autocensura. Se ha argumentado que esta ley es utilizada como una forma de auto censura para restringir la libertad de expresión y perseguir a aquellos que critican al gobierno o expresan opiniones divergentes. La vaguedad de los términos utilizados en la ley, como «odio», «discriminación» e «intolerancia», ha llevado a generar preocupación por su uso de manera selectiva para silenciar a la oposición política y a voces críticas, pudiendo emplearse como herramienta para limitar la participación política. Críticos sostienen que la ambigüedad en la definición de términos clave en la ley permite una interpretación amplia que podría abarcar actividades legítimas de protesta y disidencia.
Desde la fundación Mujer tu Voz Tiene Poder, condenamos todo tipo de violencia y amenazas, venga de donde venga, que pueda escalar hasta acontecimientos como los vividos actualmente en Ecuador, donde fue asesinado Fernando Villavicencio, un candidato a la presidencia de ese país durante un mitin político. No podemos permitir que esto suceda en nuestro país y la principal indiferencia viene de parte del fiscal general Tarek William Saab, quien no ha hecho pronunciamiento ante los actos de violencia y amenazas promovidos por diferentes dirigentes del partido de gobierno.
Escrito por: Emilin Piña& ;
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