LA PRENSA DE LARA.- Para los venezolanos, estar informados no es un derecho protegido, por ello, la capacidad del gobierno de controlarlo. Por ejemplo, la simple intención de realizar este artículo inicia con un cuestionamiento crudo y realista: ¿Cómo me afectará esto? ¿Tendrá consecuencias para el periódico? ¿Se verán comprometidos a retirar mi columna por mis opiniones? Este y otros pensamientos pasan por mi cabeza conforme voy redactando las líneas. No puedo imaginar lo que pase por la mente de los periodistas que publican investigaciones cuyo resultado muestre alguna realidad que este gobierno no quiera que se difunda.
Para mantener la información a su conveniencia, el Estado se ha hecho de numerosas formas de control, como: restricciones legales que limitan la libertad de prensa, realizar la detención y juicio de periodistas por difamación o divulgación de información considerada «sensible».
También tenemos la censura, que se caracteriza por aplicarse a personalidades y medios críticos al gobierno, usando métodos como bloquear acceso a sitios web, suspendiendo o retirando concesiones, decomisando equipos e incluso limitando la obtención de recursos como el papel de impresión. Recordemos la salida de CNN en español del sistema de TV por cable privado, la salida de emisoras de radio y canales de televisión abierta como RCTV, resultando en la autocensura de periodistas y empresas de medios aún activos.
Las amenazas y agresiones a los periodistas es otra forma común para mantener la información alineada. Detenciones sin el debido proceso, amenazas directas e indirectas, acompañado de la inacción de las instituciones ante las denuncias realizadas. Es importante destacar la falta de acceso a fuentes oficiales. La negativa por parte del gobierno a publicar estadísticas que indiquen la situación real sobre los aspectos que comúnmente se miden en una sociedad, que a su vez permitan tomar acciones por medio de políticas públicas.
Al final, son las organizaciones no gubernamentales privadas o sin fines de lucro, quienes obtienen información limitada a través de sus propias estadísticas o por medio de la recolección de información por diferentes vías, para después publicarlas y darnos cierta idea sobre la realidad que vivimos. Ahora, existe una propuesta de ley cuya finalidad es aplicar más controles a las ONG y que probablemente se vea reflejada en la forma como deben operar ante los representantes del Estado.
En una entrevista a la periodista Charito Rojas, por motivo del día del periodista, hizo referencia al uso de la ley del odio que «castiga cualquier tipo de crítica», impidiendo el libre ejercicio del periodismo. Así mismo, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP),
Tinedo Guía, señaló que los noticiarios de radio «han ido desapareciendo». Según Guía, «son muy pocas las personas que tienen programas de opinión y que pueden libremente entrevistar a expertos en alguna determinada materia», corriendo el riesgo de que CONATEL tome acciones sin aviso en su contra. En octubre del 2022, el CNP denunció ante la opinión pública el cierre de 46 emisoras radiales a lo largo de los 4 meses anteriores. Una cifra alarmante.
Estas dificultades han llevado a la disminución de la diversidad informativa y la proliferación de la autocensura en Venezuela. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, muchos periodistas y medios independientes continúan ejerciendo su labor en condiciones difíciles pero admirables, buscando informar y mantener a la población informada sobre los acontecimientos en el país.
Por último, extiendo un llamado a seguir haciendo la labor de periodismo objetivo e informativo, con el único fin de transmitir la verdad que muestra la realidad a los venezolanos y al mundo.
Escrito por: Emilin Piña Mogollón& ;
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