LA PRENSA.- El Departamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) identificó a tres ciudadanos de nacionalidad venezolana como un importante grupo narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).
Según reseñó La Patilla, Pedro Luis Martín Olivares (Martin), Walter Alexander Del Nogal Márquez (Del Nogal) y Mario Antonio Rodríguez Espinoza (Rodríguez) fueron colocados en la lista negra por asistir materialmente, prestación de apoyo financiero o tecnológico, el suministro de bienes o servicios en apoyo en las actividades internacionales de tráfico de narcóticos. La OFAC también designó a 20 empresas en Venezuela y Panamá que son propiedad o están bajo el control de estas tres personas.
“Esta acción es en respuesta a las extensas actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero de Martin. La corrupción sistémica y el colapso del estado de derecho son características definitorias del gobierno de Venezuela “, dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “Negaremos el acceso al sistema financiero de los funcionarios corruptos del régimen venezolano mientras trabajamos con socios internacionales para apoyar al pueblo venezolano en la restauración de la democracia y el retorno a la prosperidad”.
Como resultado de la acción de hoy, cualquier activo en el que estas personas tengan un interés en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses debe ser bloqueado y reportado a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de personas bloqueadas.
Martin es un ex Jefe de Inteligencia Financiera de la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de Venezuela, que ahora se conoce como Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El 24 de abril de 2015, Martin fue acusado formalmente por un gran jurado en el Distrito Sur de Florida de conspirar intencionalmente para distribuir una sustancia controlada en los Estados Unidos y posesión con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.
Martin explotó su posición en el gobierno y aceptó sobornos de narcotraficantes que operan en Venezuela y Colombia como parte de un plan más amplio para facilitar el movimiento de narcóticos desde y hacia el espacio aéreo venezolano; específicamente, Martin cerró el radar militar y sobornó a otros funcionarios venezolanos en apoyo de estas actividades. Martin también facilitó el movimiento de cocaína hacia Venezuela y pagó a oficiales militares venezolanos en la frontera de Venezuela con Colombia, lo que permitió a los asociados de Martin vender la cocaína a otras organizaciones de narcotráfico y corromper a funcionarios venezolanos. Martin ha trabajado en estrecha colaboración con otros funcionarios del gobierno venezolano para lavar las ganancias de los narcóticos y otros fondos ilícitos, incluido Hugo Armando Carvajal Barrios, designado por la OFAC el 12 de septiembre.
Martin ha facilitado el movimiento de cargas de cocaína de varias toneladas y utiliza varios métodos de lavado de dinero, incluido el movimiento de dólares estadounidenses a granel por avión, mensajeros y contratos con terceros.
Del Nogal es uno de los socios de Martin, y ayuda a Martin con la distribución de medicamentos y los movimientos de dinero a Europa, así como con el lavado de narcóticos ilícitos provenientes de Venezuela. Rodríguez es el mejor asociado y mano derecha de Martin en Venezuela. Rodríguez ayuda a Martin a usar sus negocios para lavar ganancias ilícitas del narcotráfico y la extorsión de Venezuela.
De las 20 empresas designadas hoy, 16 tienen su sede en Venezuela, mientras que las cuatro restantes se encuentran en Panamá. Estas compañías supuestamente se utilizan para blanquear ganancias ilícitas tanto del tráfico de narcóticos como de la extorsión, y supuestamente se involucran en una variedad de actividades, que incluyen seguridad privada, transporte, instalación de productos electrónicos, bienes raíces, construcción, productos petroleros terminados, consultoría y servicios financieros.
La designación de hoy de la OFAC se realizó en estrecha coordinación con la Administración para el Control de Drogas y el Centro Nacional de Focalización de Aduanas y Protección Fronteriza.
Desde junio de 2000, más de 2.100 personas y entidades han sido designadas de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en las actividades internacionales de tráfico de narcóticos. Las sanciones por violaciones de la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta $ 1,466,485 por violación hasta penas más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas penales para las empresas pueden llegar a $ 10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones penales de la Ley Kingpin.