Jennifer Orozco | LA PRENSA.- Que una comisaría esté abarrotada de privados de libertad representa una bomba de tiempo que genera muchos daños colaterales tanto para las comunidades cercanas a cada estación policial como para los mismos presos y funcionarios.
Manuel Virgüez, abogado y especialista en defensa de Derechos Humanos, argumenta que el mal manejo de Iris Valera en el Ministerio de Servicios Penitenciarios y el retardo procesal en el Sistema Judicial venezolano le resta tiempo al explosivo para que estalle.
“La ministra (Iris Varela), que ya tiene más de media década en el mismo puesto, es parte del problema antes de ser parte de la solución. Aunque se le reconocen algunos logros como la restauración de cárceles que antes eran un desastre, no ha sabido cómo manejar estos centros penitenciarios en esta crisis social y económica”, apunta el especialista.
Virgüez detalla que el retraso judicial no permite que los detenidos tengan una condena oportuna y puedan salir de los centros de coordinación policial, que no fueron creados para que los detenidos permanezcan allí más de 72 horas y a veces pasan 3 años recluidos.
Una muestra de esto son las denuncias de familiares y las mismas autoridades. El caso más reciente lo presenta la Policía Municipal de Iribarren, donde su director Héctor Medina ha denunciado en tres oportunidades en los últimos tres meses.
Una señora que tiene a su hijo allí desde hace un año cuenta que el calabozo es un espacio reducido, que antes era una oficina y donde han comprobado que entran sólo 15 hombres, pero actualmente hay 75. “Duermen agachados. Evitan el roce de cuerpo con compañeros porque hay unos agresivos y pueden buscar riña”, comenta.
El familiar detenido de la señora le ha contado que en días de calor no les permiten la salida al patio y tienen que andar en ropa interior, aunque hay un preso que se desnuda completamente, alterando el orden dentro del pabellón.
“La semana pasada mi hijo gritaba a los policías que les permitieran salir un rato porque se estaban asando dentro de ese cuarto. Pero el policía lo golpeó y le dijo que se la calara”, acota.
Los familiares recuerdan que aunque son presos tienen derechos humanos y también tienen límites de paciencia, que cuando se agotan dan soluciones desesperadas como las fugas y los motines.