José Miguel Najul | LA PRENSA.- En salas abarrotadas de colegas, los juristas se apresuran para gestionar con rapidez sus diligencias. Caminan por pasillos sin luces, suben las escaleras, hacia salas minúsculas con aire viciado y asisten, algunas veces de pie, a una audiencia de defensa frente a la cual sus contrincantes —los fiscales del Ministerio Público— tienen ventaja y que, muy probablemente, sea diferida hasta el cansancio.
El gran reto de un abogado en libre ejercicio no es sólo interceder con éxito por sus defendidos, sino enfrentarse, día a día, a una estructura hipertrofiada del Estado venezolano, que ha terminado por sobre burocratizarse hasta el punto de dejar que un proceso, que debería resolverse en menos de 90 días, se dilate entre siete meses y un año.
Ayer, dos decenas de juristas se aglomeraron en la entrada del Edificio Nacional, exigiendo hablar con el presidente del circuito judicial, Jorge Eliécer Rondón, para presentarle un cúmulo de quejas en materia de ética, operatividad y funcionamiento de la institución.
Desde que Rondón asumió la dirección del circuito, hace unos 6 meses, el Colegio de Abogados del Estado Lara (CAEL) ha enviado dos cartas, el 30 de mayo y el 30 de junio, haciendo planteamientos que nunca tuvieron una respuesta.
Enrique Romero, presidente del Colegio, explica que los miembros del gremio decidieron reunirse, elaborar un nuevo documento formal, y entregarlo en grupo a las autoridades.
Para el abogado penalista Omar Flores, “es una pena tener que llegar a los extremos de hacer una actividad pública, para poder generar atención sobre exigencias urgentes”.
Flores apunta que, en varias oportunidades el gremio de abogados, y en especial aquellos que se dedican al libre ejercicio, han solicitado que los incorporen, como parte de la solución, pero nunca han recibido una respuesta alentadora.
Los juristas esperan que las deficiencias sean tomadas en cuenta por las autoridades y que puedan buscar soluciones cuanto antes por el bien del desempeño judicial.