viernes, 22 noviembre 2024
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Abogados piden un Tribunal derecho

José Miguel Najul | LA PRENSA.- En salas abarrotadas de colegas, los juristas se apresuran para gestionar con rapidez sus diligen­cias. Caminan por pasi­llos sin luces, suben las escaleras, hacia salas mi­núsculas con aire viciado y asisten, algunas veces de pie, a una audiencia de defensa frente a la cual sus contrincantes —los fiscales del Ministe­rio Público— tienen ven­taja y que, muy probable­mente, sea diferida hasta el cansancio.

El gran reto de un abo­gado en libre ejercicio no es sólo interceder con éxito por sus defendidos, sino enfrentarse, día a dí­a, a una estructura hiper­trofiada del Estado vene­zolano, que ha termina­do por sobre burocratizarse hasta el punto de dejar que un proceso, que debería re­solverse en menos de 90 días, se dilate entre siete meses y un año.

Ayer, dos decenas de ju­ristas se aglomeraron en la entrada del Edificio Nacional, exigiendo ha­blar con el presidente del circuito judicial, Jorge Eliécer Rondón, para presentarle un cúmulo de quejas en materia de ética, operatividad y fun­cionamiento de la insti­tución.

Desde que Rondón asu­mió la dirección del cir­cuito, hace unos 6 meses, el Colegio de Abogados del Estado Lara (CAEL) ha enviado dos cartas, el 30 de mayo y el 30 de ju­nio, haciendo plantea­mientos que nunca tu­vieron una respuesta.

Enrique Romero, presi­dente del Colegio, expli­ca que los miembros del gremio decidieron reu­nirse, elaborar un nuevo documento formal, y en­tregarlo en grupo a las autoridades.

Para el abogado pena­lista Omar Flores, “es una pena tener que lle­gar a los extremos de ha­cer una actividad públi­ca, para poder generar atención sobre exigen­cias urgentes”.

Flores apunta que, en varias oportunidades el gremio de abogados, y en especial aquellos que se dedican al libre ejercicio, han solicitado que los in­corporen, como parte de la solución, pero nunca han recibido una res­puesta alentadora.

Los juristas esperan que las deficiencias sean tomadas en cuenta por las autoridades y que puedan buscar solucio­nes cuanto antes por el bien del desempeño ju­dicial.

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