Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Venezuela por segundo año consecutivo ha bajado el registro de muertes violentas por homicidios cometidos por hampa común y en manos de cuerpos policiales. De acuerdo con cifras anunciadas por Roberto Briceño León, presidente del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), este año se registraron 11.081 muertes violentas, unas 810 menos que el año 2020. Sigue siendo la nación de Latinoamérica más violenta.
Este año han aumentado las muertes por averiguación y las desapariciones de personas, siendo los estados más violentos del país Distrito Capital, Miranda, Bolívar, Delta Amacuro y Aragua.& ;
Lara se ubica en el ranking número 21 de 23, y según explicó Carlos Meléndez, sociólogo y coordinador de OVV regional, se debe a que la violencia se ha transformado. «Tenemos una tasa de homicidios de 11 fallecidos por cada 100 mil habitantes, el doble que en 1999. La letalidad provocada por policías duplica la cometida por los delincuentes y el descenso de la cifra se debe a que el gobierno regional mantiene una censura en las cifras reales de muertes violentas. Existe en el estado una gobernabilidad híbrida, ahora los policías ejercen un control político en el territorio por la vía de la extorsión, controla vías y obligan a los agricultores de Torres, Morán y Jiménez a pactar con ellos», reveló.& ;
85% de las muertes violentas en Lara se han cometido en las parroquias Ana Soto (la más violenta), seguida de Tamaca, Catedral y Unión del municipio Iribarren. Zonas marcadas por la desigualdad económica.& ;
Briceño León precisó que a nivel nacional los homicidios generales provocados por delincuencia común fueron 3.112. Los homicidios cometidos en enfrentamientos por cuerpos de seguridad fueron 2.332 fallecidos. Las víctimas cuya causa aparece sin investigar fueron 4.003 muertes, y existen 1.634 personas cuyas muertes no han sido confirmadas, no han aparecido sus cadáveres.& ;
«Esto representa que 8.5 venezolanos murieron diariamente en manos de la delincuencia; 6 personas murieron cada día en manos de policías, 11 muertes fatales se cometieron cada día sin esclarecer y 4.5 ciudadanos fueron denunciados por sus familiares como desaparecidos», resaltó.
Indicó que estas muertes son producto de la emergencia humanitaria que vive el país, y la caída en más de un 80% que ha tenido el Producto Interno Bruto (PIB). «Estas muertes son el resultado situación del país y del deterioro sostenido de las garantías de Derechos Humanos en los venezolanos. Es por el empeoramiento de la calidad de vida. Es también el resultado de políticas públicas que destruyeron la calidad de vida de la población, es producto de la corrupción que llevó al país a una pérdida del poder adquisitivo. Todo eso redujo el crimen organizado. Es decir, los homicidios se reducen por la parálisis de la economía y por el dominio que ahora tienen grupos delincuenciales en el territorio», soltó Briceño León.
Migración incide
Asimismo, destaca que el descenso de las muertes violentas tiene que ver con la migración masiva que ha tenido Venezuela, donde seis millones de venezolanos han salido desde 2013. «La encuesta Encovi 2021 mostró que la mayoría de los 6 millones de venezolanos que han salido se ubican entre los 15 y 29 años. Es decir, 2.500.000 hombres jóvenes pobres salieron del país y por lo tanto se ha reducido la población que sufría la violencia, quienes eran los victimarios principales», comunicó durante la presentación del informe anual de la violencia.
Bandas y guerrilla al control
Briceño León, también destacó que el control del territorio en manos de megabandas criminales que se han venido formando producto de las excarcelaciones masivas, así como de la presencia de guerrilleros y paramilitares ha aumentado.
«Bandas como las del «Koki», en Caracas, así como la guerrilla en Apure que derrotaron al ejército, y la actuación de la guerrilla en el Arco Minero, han desafiado al Gobierno. El crimen organizado ha ocupado territorios, son un híbrido entre el Estado. El Estado ya no recibe soberanía, no tiene recursos para dar alimentación en la población, esto ha llevado a una fragmentación territorial y por motivaciones más políticas que de la seguridad venezolana se ha hecho un despliegue de funcionarios policiales, pero que la población no lo percibe como seguridad, sino como una amenaza», argumentó.