Ágatha Reyes | LA PRENSA DE LARA.- El país está a tan solo horas de enfrentar dos escenarios políticos que pondrán un punto de inicio a lo que sería el destino de la nación que se encuentra agobiada por la crisis económica y social. Por una lado unas elecciones parlamentarias cuestionadas por la oposición y parte de la comunidad internacional, mientras que la oposición lanza una Consulta Popular, que busca aumentar la presión al gobierno de Nicolás Maduro para que abandone el poder.
Elecciones parlamentarias sin garantías
Son 277 diputados que serán electos este 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), es decir, 110 parlamentarios más que los electos durante los comicios del 2015, donde la oposición venezolana alcanzó la mayor representación.
La diferencia en el proceso de este 2020, es que aunque la jornada electoral está enmarcada en la Constitución de la República, ha estado plagada de irregularidades que han hecho que la comunidad internacional, la dirigencia opositora encabezada por Juan Guaidó y parte de la sociedad civil, las desconozcan por completo al considerar que no existen condiciones para un proceso justo y transparente, donde realmente el venezolano puede escoger a sus representantes en el parlamento.
Francisco Castro, coordinador nacional de la Asociación Civil Súmate, explica que lejos de ser una elección libre, justa e independiente, se ha convertido un proceso donde el gobierno de Nicolás Maduro crea una estructura a su favor violentando incluso la CRBV, la Ley de Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), la Ley contra la Corrupción, además de un conjunto de leyes que regulan la campaña electoral.
«Desde el nombramiento de los rectores del CNE hasta el incumplimiento en al menos 10 oportunidades del calendario electoral, dejan ver que no es un proceso transparente» dice Castro.
Precisa que la irregularidad inicia al momento en que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designa a los rectores del CNE sin tomar en cuenta el comité de postulaciones previamente instalado por la Asamblea Nacional, que es la única instancia con autoridad para nombrar las nuevas autoridades.
Adicional a esto, indica que el aumento en el número de cargos a elegir, sería otra irregularidad pues se registró un incremento del 67%, a pesar que el artículo 186 de la carta magna establece que la representación debe ser proporcional, según una base poblacional del 1,1 % de la población total del país.
«La Constitución establece que no se pueden modificar las normas 6 meses antes de la elección y eso ocurrió«, indicó Castro, quien además contabiliza como otra irregularidad lo que cataloga como «secuestro de tarjetas de partidos políticos», y es que el TSJ designó directivas Ad Hoc a cuatro organizaciones políticas: Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia, todas de oposición y sus directivas habían rechazado desde el inicio la convocatoria electoral.
Según el politólogo Germán Aponte, esta situación solo demuestra que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro, busca mantenerse en el poder sin importar el cuestionamiento que hay de su mandato.
Considera que al materializarse las elecciones parlamentarias se termina de acabar la institucionalidad en el país, pues asegura que la actual gestión de la Asamblea Nacional, es la única reconocida a nivel internacional y electa bajo los parámetros establecidos en la Constitución.
«Luego del 6 de diciembre se mata la institución del voto para dirimir conflictos, la institución que es democrática pasa a ser subordinada al igual que el resto, lo que es lamentable, pues esto solo podría aumentar la crisis en que vivimos los venezolanos, pues al no haber un reconocimiento el margen de maniobra es menos holgado, es decir que siempre podremos estar peor» dice Aponte.
A su juicio, las elecciones convocadas para este domingo están muy alejadas a la realidad del país que busca cambios y mejoras en aspectos sociales, pues el ciudadano está cansado de vivir con fallas en el servicio de gas, agua y luz, además de tener que permanecer semanas en las colas de las estaciones de servicio para poder surtir de combustible sus vehículos.
«Desde el 1998 nos estamos jugando el futuro de Venezuela y cada vez vamos de mal en peor», dice Aponte.
Promesas
El oficialismo ha vendido los comicios parlamentarios como la vía para «acabar con la crisis económica». El presidente Nicolás Maduro ha asegurado en sus alocuciones que una vez los diputados tomen posesión del cargo el próximo 5 de enero de 2021, comenzarán a legislar para «fortalecer» el salario de los trabajadores públicos, sin embargo, este ha ido en un constante deterioro y ha sido pulverizado por el incremento desmedido del dólar paralelo, mientras que los empleados se las ingenian para sobrevivir con un salario integral no oficial de un millón 200 mil bolívares al mes.
Una consulta para lograr cambios
Como contraparte a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, la oposición encabezada por Juan Guaidó convocó una Consulta Popular del 7 al 12 de diciembre. Este mecanismo amparado en el artículo 70 de la Constitución busca reactivar la movilización que conlleve al aumento de la presión social al gobierno de Nicolás Maduro, para que abandone el poder.
Analistas políticos han señalado que pudiera ser un último intento de la oposición venezolana para enfrentar a un gobierno que busca legitimarse a toda costa, y que ha «movido» sus piezas para llamar a unas elecciones parlamentarias cuestionadas y sin la participación de la mayoría opositora, para garantizarse la victoria electoral.
El abogado y experto electoral, José Zaa, precisa que durante una semana, tiempo en que se estima dure la consulta, se «removerán los cimientos» del ciudadano que se encuentra agobiado por el deterioro de la calidad de vida.
 donde los venezolanos mayores de edad, dentro o fuera del país, tendrán que responder a las tres preguntas propuestas por el comité organizador y aprobadas por el parlamento nacional. La segunda fase (12 de diciembre) será presencial y la oposición ha dispuesto más de siete mil puntos en todo el país para que el ciudadano responda a las tres interrogantes.</p><p>Además según indicó el pasado 30 de noviembre Horacio Medina, miembro del comité organizador, en al menos 45 países y en un aproximado de 263 ciudades hay equipos logísticos que se encargarán de instalar unos 4.038 puntos itinerantes.</p><p>«<b>Esta consulta busca desenmascarar aun más a los mercenarios de la política, tanto del oficialismo como quienes se hacen llamar de oposición</b>» dice Zaa.</p><p>¿Pero qué engloban estas tres interrogantes? La primera -¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca a la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?- y es que según ha denunciado la oposición desde el 2013 no se realizan elecciones transparentes a pesar de las exigencias hechas.</p><p>La segunda pregunta busca ampliar el rechazo a los comicios del 6D -¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?- y en la tercera buscan promover aun más la participación de la comunidad internacional en el caso venezolano -¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?-.</p><p>Sin embargo el politólogo<b>, German Aponte, considera que con la Consulta Popular solo se logrará medir el nivel de respaldo con el que cuenta la oposición</b>, pues asegura que al igual que con las elecciones del 6D no se avizora una solución de fondo a los problemas de los venezolanos.</p><p>Por el contrario, no descarta que durante la semana del 7 al 12 de diciembre exista «mayor atropello, persecución y violación a los derechos humanos», al considerar que desde el gobierno «detentan el poder sin escrúpulos».</p><h5><b><i>Iglesia respalda</i></b></h5><p>La <b>Conferencia Episcopal Venezolana (CEV)</b> ha manifestado su rechazo a las elecciones del 6D, mientras que ha hecho público su respaldo a la Consulta Popular.</p><p>En un comunicado emitido el pasado 30 de noviembre indicaron que : «Son necesarias e importantes todas las iniciativas, como la consulta popular propuesta en la línea del artículo 70 de la Constitución Nacional. El pueblo tiene pleno derecho a expresarse por los legítimos canales garantizados por la Constitución, expresando su opinión como auténtico sujeto social», pues consideran que ante los riesgos de la imposición de un estado comunal, urge «una solución justa, pacífica, democrática, y acordada entre todos los venezolanos, a la crisis multiforme que afecta a Venezuela».</p><p>Y es que una de las propuestas de los candidatos a la Asamblea Nacional por parte del oficialismo, está aprobar la Ley del Parlamento Comunal, lo que analistas políticos han rechazado al considerar que solo se lograría acabar aun más con la institucionalidad en el país.</p><p>«<b>El pueblo anhela un cambio pacífico, para lo cual quiere expresarse con el voto, en condiciones justas</b>» dice la CEV.</p></p><p></span></span></p><p> </p></div></div><div class=)