Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.-& ;»La decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan de investigar a los responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela desde el año 2017, ha causado mucha preocupación en todos los niveles de la administración pública, sobre todo en los militares por los posibles casos que se podrían abrir a partir de ahora». Así lo considera Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea).
Sostiene que la decisión del fiscal de la CPI de anunciar la culminación del examen preliminar de Venezuela y pasar a la fase de investigación, es un acontecimiento inédito en el continente americano, que llena de esperanza a las víctimas de torturas, persecuciones, tratos crueles e inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, asesinatos, desapariciones forzadas, y detenciones arbitrarias que se han cometido durante el gobierno de Nicolás Maduro.
«El Gobierno ha intentado confundir a la opinión pública tratando de neutralizar la decisión del fiscal de la CPI generando un acuerdo de cooperación, que es obligatorio, ya que el Estado venezolano es signatario del Estatuto de Roma, por lo tanto debe colaborar», comunicó.
¿Qué representa para la nación que el fiscal de la CPI haya decidido abrir una investigación contra personas que han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela?
Esta decisión es una ventana de justicia que es consecuencia de la perseverancia, valentía de personas que se convirtieron en víctimas, superando el miedo, el dolor y las posibles retaliaciones y decidieron brindar testimonio para que se conociera lo que en Venezuela había ocurrido. Esta investigación va a derivar en abrir un procedimiento judicial contra individuos responsables de crímenes contra la humanidad, no solamente contra quienes dispararon y que torturaron, sino también contra quienes dieron las órdenes y permitieron que esos crímenes ocurrieran. Abarca también esta decisión, hecho que las autoridades venezolanas se comprometieron frente a la fiscalía, en realizar reformas al sistema de administración de justicia para que por primera vez hubiera procesos judiciales genuinos contra violadores de derechos humanos, algo que nunca ha ocurrido hasta ahora.
¿Qué tipo de reformas debe hacer el Gobierno?
No solamente es investigar y sancionar, sino que también tienen que hacer reformas en el sistema de justicia profundas para que esos procesos judiciales sean posibles, y eso va desde los tribunales y jueces que han permitido estas situaciones sean removidos, sean designados otros mediante concurso, donde se evalúe no su fidelidad política, sino su capacidad para ejercer el cargo. Desde remover a altas autoridades que han permitido que las situaciones ocurrieran y que las encubrieron durante mucho tiempo, es decir, se debería remover a la directiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a la directiva del Ministerio Público, y de la Defensoría del Pueblo en Venezuela, pero también deben eliminar los centros clandestinos de detención, donde están ocurriendo desapariciones temporales y donde las personas están siendo sometidas a tortura.
¿Para usted qué representan las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, que asegura que el acuerdo firmado con la CPI es una victoria institucional para Venezuela?
Ese es el intento del Gobierno de engañar. Así como se intentó decir que el fiscal venía a Venezuela con una agenda legitimadora del Gobierno, aquí lo que se intenta es presentar esto como una victoria del Gobierno, cuando es absolutamente lo contrario. Que se haya avanzado a una fase de investigación es la ratificación de dos cosas: primero que ocurrieron crímenes contra la humanidad en Venezuela, que es el nivel superior de gravedad de violaciones contra los DD. HH. a nivel internacional, quienes se vinculan en el mundo como criminales de lesa humanidad son los personajes más oscuros de la política internacional. Y segundo, la decisión del fiscal de la CPI, señala que no solamente ocurrieron estos crímenes, sino que no se investigaron, y que se mantuvieron en impunidad.
Una de las instituciones más señalada en los documentos que las víctimas han entregado ante la CPI de cometer crímenes de lesa humanidad es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). ¿Cómo pueden reaccionar los militares a partir de ahora?
En este momento, lo lógico es que debería haber muchas preocupaciones en los diferentes niveles de la administración pública, incluyendo la institucionalidad de la FANB. Hay muchas preocupaciones sobre los posibles casos que se podrían abrir, las posibles personas que pudieran responsabilizar, y yo creo que cualquier funcionario, medio o alto, con un mínimo de autoestima debería distanciarse de un Gobierno que permitió y ocultó que se hayan registrado crímenes contra la humanidad en su territorio.
¿Cuál debe ser el papel de las víctimas durante la fase de investigación de la CPI?
El rol de las víctimas es continuar brindando su testimonio. Muchas víctimas que tienen evidencia de lo que sucedió, tienen que resguardarlas de manera apropiada con sus abogados, con el apoyo de organizaciones de DD. HH., suministrarlas en el caso que la fiscalía cuando los convoquen, y las víctimas que no han brindado su testimonio se deben incorporar a documentar y transmitir lo que les pasó a la CPI, para que su caso pueda ser evaluado y finalmente tramitado.
¿Por qué el fiscal de la CPI durante su visita a Venezuela no se reunió con las víctimas de crímenes de lesa humanidad?
En la fase preliminar el fiscal no podía entrevistarse con ninguna víctima. Si él recibía el testimonio de una víctima sin que estuvieran los abogados del posible victimario, ese testimonio iba a ser invalidado como prueba en el caso de la apertura de un procedimiento judicial. Entonces, esto es un argumento jurídico que para muchos de nosotros pudiera ser incomprensible, pero el fiscal y su equipo han sido muy rigurosos en cumplir todos los procedimientos de la manera en que se tienen que hacer, para no dar ningún resquicio ni ninguna oportunidad para que los procesos sean interpelados por una mala práctica.& ;
¿Cuánto tiempo puede durar una investigación en la CPI?
Eso va a depender de la calidad de las evidencias cuando se decida iniciar una investigación contra una persona, con nombre y apellido. La calidad de las evidencias que haya de las pruebas en su contra, y por supuesto las estrategias de su defensa. El equipo de la fiscalía siempre nos ha pedido paciencia, y nosotros sabemos que el drama de los venezolanos es perentorio, que cada día que pasa son 24 horas más de sufrimiento, y sabemos que no tenemos tiempo para malgastar, pero es cierto que estos mecanismos internacionales que son lentos, que no son los tiempos que el drama venezolano exige, finalmente cuando comienzan a generar resultados, son contundentes.& ;
¿Ya el gobierno no puede generar otra práctica dilatoria para retrasar la investigación ante la CPI como lo ha venido haciendo desde hace cuatro años?
Ahora todas las decisiones que van a tomar las autoridades venezolanas responden a la presión de la CPI, porque ellos necesitan demostrar que el sistema de administración de justicia va a funcionar de manera genuina y con apego al debido proceso y a los estándares internacionales, para intentar evitar que sea la Corte la que finalmente investigue y sancione a los responsables. Entonces en este acuerdo de cooperación, que reitero lo que hace es poner sobre papel ya las responsabilidades del gobierno derivadas del Estatuto de Roma, bueno pues le siguen dando la oportunidad al Estado venezolano en que sean sus instituciones las que finalmente investiguen y sancionen esta situación, pero eso sólo se va a dar cuando haya una reforma del sistema de administración de justicia dentro de Venezuela, para que esos crímenes no se repitan, y para que los responsables no disfruten de la impunidad.& ;
¿Qué pasa a partir de ahora con los procesos judiciales que ya el Sistema de Justicia venezolana ha hecho contra actores materiales de los asesinatos de Juan Pablo Pernalete, Fernando Albán, José David Vallenilla?
Si los familiares están inconformes con la pena, con la imputación, es juntamente este el momento preciso para solicitar la reversión de esas penas, de solicitar un nuevo juicio donde se incorporen las responsabilidades intelectuales de la cadena de mando, y donde además se responsabilice a esos funcionarios por la verdadera gravedad de los hechos que cometieron. Entonces este es un proceso idóneo para revisar estos procesos judiciales si los familiares y las personas están inconformes con los resultados.& ;
¿El informe de la Misión de Determinación de los Hechos nos da una idea de quiénes de la cadena de mando puedan ser investigados por la CPI?
Esos informes de la Misión de Determinación de Hechos tanto para el examen preliminar como para la nueva fase que ahora se abren, van a constituir un importante insumo a ser evaluado por la Corte y para ser utilizados en los procedimientos que se puedan abrir de aquí en adelante.& ;
¿En esta fase la CPI puede ordenar la detención contra algunas de las personas que se está investigando?
Sí, en el caso de que se abra un procedimiento judicial por algunos de los crímenes contra la humanidad que establece el Estatuto de Roma, se puede ordenar una privativa de libertad internacional. Pero digamos hay que tener paciencia, eso no va a ser un resultado a corto plazo, primero se tiene que seleccionar de todas las situaciones planteadas cuál va a ser el caso que tenga mejores elementos probatorios para iniciar una investigación, y a partir de allí es cuando se pudiera entonces generar una privativa de libertad internacional y eso no va ocurrir a cortísimo plazo.