Un año de persecuciones y muerte

Álvarez/Reyes.- LA PRENSA de Lara.- Allanamientos en al menos tres ciudades del país, 38 imputados y un muerto es el saldo del supuesto magnicidio en contra del presidente Nicolas Maduro, del pasado 4 de agosto del 2018, donde dos drones cargados de C4 explotaron durante el acto del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana.

En este hecho hay al menos cinco guaros implicados según el Ministerio Público, hasta ahora solo dos están detenidos en El Helicoide en Caracas, uno de ellos Eugenio Escalona, docente de contaduría de la Universidad Centrocciental Lisandro Alvarado (UCLA) quien a pesar de tener boleta e excarcelación desde el 3 de diciembre del 2018 aun está detenido. Algo similar ocurre con Jonathan Medina, también señalado por el Ministerio Público.

De los 38 imputados solo 31 cumplen prisión y el resto tienen medidas sustitutivas, pues según las investigaciones la participación en el «magnicidio frustrado» fue menor. Por este caso también hay dos dirigentes políticos de Primero Justicia (PJ) que están siendo investigados por ser supuestamente los autores intelectuales del hecho, Julio Borges y Juan Requesens.

Sobre el diputado Borges pesa una orden de captura, además una solicitud de extradición hecha por el gobierno venezolano, pues el dirigente es acusado de ser el coordinador general el atentado y actualmente se encuentra radicado en Colombia, mientras que Juan Requesens se encuentra privado de libertad también en El Helicoide y su presentación en tribunales y juicio han sido retrasados según su abogado Joel García, quien asegura que no hay intenciones de «otorgarle libertad de forma legal».

Requesens fue detenido en agosto del 2018 y es acusado por delitos de traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir y homicidio en grado de frustración, junto a él, también están acusados Gregorio José Yaguas Monje (Alias Latino) presunto autor material encargado del armado de los explosivos.

Junto a Borges y Requesens aparecen otros señalados por el gobierno. José Miguel Estrada González (Alias Zamurito) quien supuestamente fue el encargado de la avanzada y el despegue del primer dron. Yilber Alberto Escalona Torrealba,Segundo explosivista, Henryberth Emmanuel Rivas Vivas (Alias Morfeo), estaba situado cerca de la tribuna presidencial y era el encargado de la avanzada del primer grupo, Yanin Fabiana Pernía (Alias María), Brayan De Jesús Oropeza Ruiz (Alias Poeta), Encargado de pilotar el segundo dron y Alberto José Bracho Rozquez (Alias Porto), Encargado del despegue del segundo dron.

Pero no solo hay detenidos, uno de los señalados por parte del gobierno, murió estando custodiados por funcionarios de Servicio Bolivariano de Inteligencia en plaza Venezuela,Caracas. Su nombre: Fernando Alban, era concejal del municipio Libertador y tras su muerte han reinado las irregulares.

Según el Fiscal General Tareck Willian Saab, Alban se suicidó al lanzarse del piso 10, sin embargo, esta teoría ha sido cuestionada por su abogado Argenis Vielma, quien recientemente mostró imágenes inéditas de cómo había quedado el cuerpo del también dirigente de Primero Justicia. Las marcas en su cuerpo mostraron rasgos de tortura, dejando un sin sabor de lo que realmente ocurrió en el SEBIN.

Ante las violaciones a los derechos humanos, como en el caso de Alban, la alta comisionada de la ONU Michelle Bachelet, se pronunció y a través del informe presentado en junio de 2018 condenó la «represión y criminalización de la oposición política» a través de culquier mecanismo, así como torturas y miles de casos de ejecuciones extrajudiciales.

A la fecha, las investigaciones entorno al presunto magnicidio continúan y en algunos casos os abogados de quienes ya se encuentran privados de libertad han denuncio inconsistencias en los casos.