Autoridades legítimas de los partidos intervenidos por el TSJ han sido suplantadas
Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Sólo 38 organizaciones políticas que se encuentran en el tarjetón electoral para las presidenciales del 28 de julio son las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoce como legales. De esa cantidad, 13 partidos han sido intervenidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde 2012. La técnica ha consistido en declarar una junta ad hoc entregando colores, símbolos y hasta las sedes o bienes de la organización a militantes del partido que han generado una división con la directiva original. Una práctica que politólogos y expertos electorales consideran violatoria del derecho de asociación, establecido en el artículo 67 de la Constitución y que tiene la intención de confundir al elector.
«Los partidos fueron judicializados, lo que representa que en la boleta electoral ocurre un fenómeno, la tarjeta de Acción Democrática (AD) no es de AD, la de Primero Justicia (PJ) no es de PJ, tampoco la de Voluntad Popular ni la del Partido Comunista de Venezuela, Patria Para todos (PPT) o Copei. Eso es parte de todo este esquema fraudulento que ha montado el chavismo para derribar y demoler la institucionalidad política del país. Eso es la autocracia funcionando. Eso trae tremendas confusiones», denunció Andrés Caleca, expresidente del CNE.
El primer partido que fue intervenido judicialmente en el país fue Podemos. La medida del máximo tribunal ocurrió el 7 de junio de 2012. Era una organización que en un principio fue parte del Gran Polo Patriótico (GPP) que respaldó al fallecido presidente Hugo Chávez, pero que en 2012 su secretario general, Ismael García, decidió apoyar la candidatura de Henrique Capriles a las elecciones primarias de oposición e integrar la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Inmediatamente, el TSJ ordenó que la junta directiva pasara a manos de Didalco Bolívar, que en ese momento era adepto del oficialismo, y se ordenó nuevas elecciones para el partido.
Ese mismo año, la Contraloría General de la República extendió la inhabilitación política de Leopoldo López hasta 2014, acusándolo de corrupción durante su gestión como alcalde del municipio Chacao. López en ese momento tenía aspiraciones de ser candidato presidencial y tenía grandes posibilidades de lograrlo en las primarias por la intención de voto que le daban las encuestas.
«En Venezuela con los partidos políticos está pasando lo que ocurrió en Nicaragua y en algunos países de Europa Oriental, donde se ha hecho mucho esa práctica de judicializar los partidos, de excluir los partidos, de tratar de confundir con las siglas porque los partidos de mayor identidad programática, de mayor tradición en este momento en Venezuela no están en las manos de sus dirigentes o directivos originarios. En un mundo de desinformación, obviamente el objetivo es confundir al elector», contó Radamés Graterol, politólogo.
Destacó que esta situación ha obligado a que en la actualidad partidos que están intervenidos y que pertenecen a la Plataforma Unitaria tengan que hacer grandes esfuerzos para educar a los electores y explicarles que si votan en la tarjeta de AD, por ejemplo, estarán votando por Luis Eduardo Martínez y no por Edmundo González Urrutia.
«Me parece muy inteligente por el lado de la oposición democrática que haya encausado su opción para votar en la tarjeta de la MUD, y específicamente hablar del símbolo de la manito», mencionó Graterol.
En 2015, el TSJ intervino a Bandera Roja y MIN-Unidad, y en 2019 al partido Copei. Luego en 2020, para las elecciones de la Asamblea Nacional, el máximo tribunal decidió judicializar al denominado G4, entregando colores y símbolos de Acción Democrática a Bernabé Gutiérrez, Voluntad Popular fue entregada a José Gregorio Noriega y Primero Justicia a José Brito. Un control absoluto que fue ratificado en abril de 2024. Estas tres organizaciones políticas fueron las que obtuvieron más diputados en las parlamentarias 2015.
Puede ampliar esta información en nuestra edición impresa de este lunes, 22 de julio de 2024.