Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- «En las dictaduras y en los gobiernos autocráticos no se respeta la separación de los poderes públicos. Por eso, quienes tienen el poder abusan y se creen dueñ;os de la verdad y no permiten que todas las voces sean escuchadas. Esta es la razón por la cual en Venezuela se censura a los medios de comunicación social». Así lo expresó Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), quien indicó que el derecho a informar está establecido en la Constitución, y más cuando ocurren desastres naturales, como el deslave en Las Tejerías, en Aragua.
«El Gobierno trata de impedirle el paso a los periodistas independientes a la zona de riesgo en Aragua porque quiere taparle los ojos a la gente, vendarle la boca a los que han sufrido la pérdida de familiares y enseres. El artículo 337 de la Constitución establece que aun en Estado de excepción la información no se debe detener», indicó.
Señ;aló que textos como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Prensa, Televisión y Medios Electrónicos, así como la Ley Contra el Odio han representado una regresión de los derechos humanos y libertades en el país.
¿;Por qué los periodistas le estorban al Gobierno, al punto de restringirles el acceso a Las Tejerías?
Porque es una política de Estado. Desde 1998, cuando Hugo Chávez asumió la responsabilidad de la gerencia del Estado, durante las ruedas de prensa de Miraflores comenzaron a tomar nota de los nombres de los periodistas que hacían preguntas incómodas. En el caso de lo ocurrido en Las Tejerías, el riesgo de un deslave estaba cantado desde 2010. Se había avisado, incluso estudios de opinión de geógrafos, de gente conocedora de los cauces de las aguas habían advertido del riesgo que corría esa población por la forma donde había sido asentada, y ninguna autoridad había dicho nada. Sólo el Inameh alertó que veía vaguada y que por esta razón había que tomar las previsiones del caso. No se hizo y ahora pretenden que no se informe.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha provocado en los últimos añ;os el cierre de emisoras radiales y ha confiscado equipos. ¿;Cómo cataloga usted estos procedimientos legales?
Primero, no son legales. Es una total ilegalidad quitarle los equipos a un dueñ;o de medio que ha invertido, retenérselos y no devolverle en contraprestación el valor estimado de esos equipos. Eso se conoce como un robo. Sé que hay emisoras que recibieron un permiso de transmisión, pero esos permisos después no fueron renovados, se mantuvieron en pruebas y comenzaron a transmitir y cometieron el error de no recibir la renovación de Conatel, y siguieron transmitiendo como si tuvieran autorización. Esas emisoras han sido cerradas, les han sido quitados los equipos. Hay otras personas propietarios de esas frecuencias, porque la frecuencia es personal, que han fallecido.
