Agencias | LA PRENSA DE LARA.- La abogada Tamara Sujú, directora ejecutiva del observatorio de derechos humanos del Centro de Estudios para América Latina, informó que el teniente coronel del Ejército Igbert Marón Chaparro, preso político desde el año 2018 y quien está recluido en la celda conocida como la «Casa de los sueños» en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), inició una huelga de hambre desde este martes 21 de diciembre.
Con esta acción, Marín Chaparro exige la visita in situ de una comisión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Cruz Roja Internacional, del Nuncio Apostólico y de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela para que constaten los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que son sometidos los presos políticos en ese sitio de reclusión, escribió el teniente en una carta pública.
El teniente Igbert Marín Chaparro también solicita la visita del fiscal general, Tarek William Saab, y del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, para que certifiquen por ellos mismos las denuncias por torturas sistemáticas y los secuestros de él y los demás presos políticos dentro de la Dgcim, especialmente en la celda denominada la «Casa de los sueños».
Igbert Marín Chaparro solicita eliminar la casa de los sueños «como depósito de seres humanos y centro de torturas y violaciones a los derechos fundamentales». En cuarto lugar pide la liberación de todos los presos políticos tanto militares como civiles por medio de verdaderos indultos.
El preso político también insta a que se reanude el diálogo entre gobierno y oposición, incluyendo la presencia de un expreso político como muestra de un «deseo de conciliación nacional y de verdadera justicia»
Desde el Instituto Casla, que representa a este teniente, se ha enviado una notificación del inicio de la huelga de hambre del detenido al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kham, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro, para ese entonces jefe del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna, principal cuartel militar del país, fue apresado el 16 de marzo de 2018 dentro de esas instalaciones por funcionarios de la Dgcim; pese a que una orden del tribunal que lleva su caso ordenó su traslado al Centro de Procesados Militares de Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde.
Igbert Marín Chaparro está acusado de presunta traición a la patria, instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar.
Militares presos sin garantías
La ONG Justicia Venezolana denunció que las autoridades han «perpetuado el incumplimiento de las garantías procesales en los casos» de los militares que se encuentran detenidos y son considerados como presos políticos durante 2021.
A juicio de esta ONG, las vidas de los militares presos «corren peligro por no recibir atención médica adecuada, permanecer en recintos carcelarios sin las condiciones, y además siendo sometidos a una serie de irregularidades en todas las fases procesales, con la intención de mantenerlos, de manera ilegal, en prisión».
Lilia Camejo, directora de Justicia Venezolana, afirmó que, al documentar y llevar casos de militares privados de libertad por lo que considera razones políticas, así como monitorear la administración de justicia penal militar a lo largo de 2021, «se encontró que poco o nada han hecho las autoridades encargadas».
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