- Javier Tarazona afirmó que los recientes operativos en Apure evidencian la operatividad de la guerrilla en territorio venezolano.
- Asimismo, advirtió sobre los riesgos para la población civil y la urgencia de atender la crisis humanitaria en la zona fronteriza.
Los recientes enfrentamientos armados registrados contra asentamientos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Apure ratifican las advertencias formuladas a lo largo de los años por FundaRedes. Así lo sostuvo Javier Tarazona, presidente y fundador de la organización no gubernamental, quien reiteró la presencia en suelo venezolano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el ELN y estructuras paramilitares.
El activista expuso que estas agrupaciones al margen de la ley han logrado consolidar un sistema económico paralelo en la franja fronteriza. Tarazona enfatizó que la divulgación de estas irregularidades le costó una privación de libertad de cinco años y señaló que, en la actualidad, aún permanece sujeto a medidas cautelares y restricciones judiciales.
Vulnerabilidad social y falta de institucionalidad
De acuerdo con las declaraciones del representante de FundaRedes, la frontera se mantiene en una condición de desamparo institucional. Como muestra de esta vulnerabilidad, detalló que más de 90.000 niños residentes en el estado Táchira deben desplazarse diariamente hacia territorio colombiano para recibir educación, mientras que numerosos ciudadanos se ven obligados a cruzar la frontera para tener acceso a servicios médicos esenciales.
“La frontera sigue siendo un territorio de nadie”. Advirtió Tarazona en el video difundido en redes sociales.
Tarazona advierte sobre riesgos para la población
Respecto a las intervenciones militares y bombardeos reportados en Apure, Tarazona advirtió que estas acciones de fuerza representan un riesgo directo para las comunidades locales y podrían incrementar la captación de jóvenes por parte de los grupos armados que operan en el sector.
Ante esta coyuntura, el defensor de derechos humanos instó a las autoridades a implementar políticas públicas orientadas a solventar la emergencia humanitaria en la región, reimpulsar el aparato productivo local y garantizar la seguridad integral de los habitantes de las zonas limítrofes.
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