Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.- Como una Política de Estado, identifica Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad de Provea, la nula investigación a la cadena de mando por las muertes ocurridas durante las manifestaciones antigubernamentales del 2017. Precisa que la indagación no sólo debe ir dirigida a quien haya disparado, sino a quien dirigía las operaciones, donde más de 140 personas fueron asesinadas en el contexto de las protestas contra Nicolás Maduro.
«Pareciera una Política de Estado, debido a que los que ordenaron la represión son intocables», sostuvo Alvarado.
Entre abril y agosto de 2017, durante las protestas en Venezuela se cometieron 143 crímenes, de los cuales sólo 15 de los casos tienen sentencia. Un 89,5% de las familias de las víctimas aún esperan por justicia, esa que ha tardado cinco años y que pese al sufrimiento que tienen siguen de pie, con sed de justicia.
Familiares y activistas de los derechos humanos ven con preocupación que la impunidad siga reinando en el país y que aun cuando hay órdenes de captura y testigos, los otros 128 asesinatos no tienen un responsable tras las rejas.
Un caso reciente y que causó indignación fue la liberación de doce funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes fueron señalados como los presuntos responsables de la muerte de Gruseny Antonio Canelón (32), conocido como «Tony», fueron detenidos en noviembre de 2021.
Sólo pasaron cinco meses detenidos, fuentes ligadas al Ministerio Público contaron que el Fiscal 34 Nacional y el Fiscal 21 de Lara, ambos con competencia en Derechos Fundamentales, solicitaron al Tribunal Séptimo de control una revisión de la medida, alegaron, según expresa la minuta del caso, que «no existe peligro de fuga y de obstaculización, además se pusieron a derecho y no fueron presentados por un organismo policial«.
La minuta, también expresa que «la juez consideró que no estaba lleno el tercer ordinal del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal», por lo que otorgó la libertad a los 12 GNB y esperan la audiencia preliminar.
A los funcionarios los imputaron por los presuntos delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, trato cruel, abuso de autoridad, uso indebido de armas orgánicas y privación ilegítima de libertad.
Sobre el caso de «Tony», el abogado Alvarado expresó que tal situación genera preocupación, a su juicio son pasos para la impunidad.
El 11 de abril de 2017, funcionarios de la GNB le dispararon a quemarropa a «Tony» en medio de las protestas registradas en el Distribuidor Bellas Artes en Cabudare, municipio Palavecino.
Para ese momento se supo que en el expediente se registró la golpiza que recibió por los militares cuando le dispararon a quemarropa. El joven estuvo intubado 33 horas y murió el 13 de abril a las 3:00 de la mañana.
Transparencia
Para Alvarado, en Venezuela tiene que haber un equilibrio para que la justicia sea justicia. «En el sentido que no quede libre nadie que haya tenido responsabilidad, pero para eso se requiere un proceso transparente, que haya investigación, experticias por parte del Ministerio Público, escuchar y darle el acceso a los familiares para que puedan llevar a los testigos».& ;
Sin embargo, el caso de Tony se repite en toda Venezuela, según han denunciado tanto familiares como abogados y activistas de los derechos humanos.& ;
«En un Estado en donde la justicia funcione, ningún homicidio debería quedar sin investigarse y sin establecer responsables», comentó el abogado.& ;
Alrededor de 15 casos han tenido algún nivel de sentencia, mientras que hay otros en donde se avanzan las investigaciones, pero en el estado Lara sólo existen cuatro casos en donde se ha iniciado un proceso penal, pero sin sentencia firme.
Los padres de Juan Pablo Pernalete, joven asesinado durante las protestas, solicitaron recientemente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) «ser escuchados».
«Luego de más de cuatro años y medio, el Gobierno hizo un gran esfuerzo y la fiscalía tuvo complicidad junto a la Defensoría del Pueblo porque se están haciendo imputaciones, donde los funcionarios van a salir en libertad con penas muy bajas. No se trata de dictar cualquier sentencia, sino dictar una sentencia que le corresponda. No queremos condenas que terminen siendo una burla para la sociedad y para la familia», aseveró Alvarado.
Por último, el coordinador de Provea sostuvo que en el país hay militares y funcionarios policiales con órdenes de captura que gozan de plena libertad y que se han enterado en algunos casos que fueron ascendidos, mientras que los familiares lloran y siguen exigiendo justicia para todas las víctimas.
Exigen avances en Lara
Familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela protestaron a las puertas de la sede de la Fiscalía Superior del estado Lara, para solicitar justicia en los casos de asesinatos durante las protestas de 2017.
La ONG Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic), espera respuesta por parte del fiscal superior del estado Lara, pues entregaron cuatro comunicaciones.
En el documento pidieron que los casos de Nelson Daniel Arévalo Avendaño y Joinier Javier Peña Hernández, sean remitidos a la Fiscalía Vigésima Primera (21) de Lara en materia de Protección de Derechos Fundamentales, debido a que estos hechos son llevados como delitos comunes y a juicio de los abogados y familiares deben ser llevados por la Fiscalía 21, por ser asesinados por las fuerzas públicas.
Marino Alvarado, de Provea, también indicó que el fiscal superior tiene la obligación y todo el esfuerzo para que junto con su equipo avance en los casos ocurridos en la región.
«Debe existir voluntad de trabajar con responsabilidad, sentido de garantizar justicia y que se castigue a quien tenga que castigarse, sea civil, militar o colectivo, todos tienen derecho a la justicia y debe haber empatía con los familiares de las víctimas», sostuvo el abogado en una entrevista con LA PRENSA.
Casos sin resolver
La Corte Penal Internacional (CPI) ha puesto a «correr» al Gobierno nacional. Así lo aseguran familiares y abogados de los más de 100 casos de las víctimas de las protestas ocurridas hace cinco años.
«La CPI ha puesto a correr al Gobierno y a la fiscalía, pero han dado unos pasos muy insuficientes para aparentar que se está haciendo y se está trabajando con la justicia. Pero si uno evalúa lo que se está haciendo a nivel nacional es insuficiente. No hay sentencias, pasan los años y aún espero justicia«, sostuvo un familiar.
Para los familiares de las víctimas del año 2017 es «positivo» que la CPI instale una oficina en Venezuela, pero resaltaron que sólo será efectiva si las víctimas de violaciones a los DD. HH. son escuchadas.
Exigen a la CPI investigar las cadenas de mando. «Deben hacer un énfasis e identificar esos mandos«.
«¿Saben quiénes no pueden pasar la página?, los familiares de personas asesinadas por exigir una Venezuela diferente. Hoy continúan en pie de lucha exigiendo justicia», aseguró el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui.