Agencias | LA PRENSA LARA.- 40 Organizaciones de la sociedad civil con incidencia en el tema de la salud solicitaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que intervenga y realice propuestas concretas e inmediatas ante el Estado venezolano, para que adopte medidas efectivas y oportunas dirigidas a respetar los derechos humanos de la población venezolana en el contexto pandemia.
En una carta enviada el pasado 29 de mayo le solicitaron que medie para la aprobación y divulgación «con carácter de urgencia y mediante el acto administrativo que considere adecuado», del Plan de Vacunación Oficial contra el COVID-19, cuya elaboración ha de atender los principios básicos del marco de valores para la asignación y priorización de la vacunación del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Le exhortan además que dentro de esas propuestas debe estar la protección adecuada a los grupos de población que sufren una carga desproporcionada por el COVID-19, y que por tal razón son clasificados como priorizados, entre los cuales el personal de salud conforma la primera prioridad.
También piden sus buenos oficios para que el Estado cumpla efectivamente la meta nacional de vacunados contra el virus consistente en 22.820.000 personas.
Citan casos específicos como el hecho público del pasado 12 de mayo, cuando fue denunciado, con testimonios y registros fotográficos, en el que en una jornada para la vacunación contra el COVID 19, a realizarse en el puesto de vacunación, ubicado en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, médicos y personas de la tercera edad no fueron atendidos por no estar registrados en el Sistema Patria.
«De acuerdo con la Actualización Epidemiológica Enfermedad por Coronavirus (COVID-19), emanada de la OPS, el 9 de febrero del 2021, este personal ocupa la posición más elevada en el índice de letalidad por COVID-19, 7,21%, 14,5 veces el promedio del total, entre los países del continente americano, con el agravante que esta situación ocurre en el contexto de no haberse respetado en razón de los grupos de mayor riesgo por exposición, a diferencia del caso de los parlamentarios de la Asamblea Nacional electa en el 2020 y los miembros del gabinete Ejecutivo, quienes pese a estar ubicados en el orden de prioridades 17, fueron vacunados mucho tiempo antes de la convocatoria prevista».
Por las razones expuestas, y amparados en el hecho de que la salud es un bien supremo y derecho inalienable de todos los seres humanos, recalcan la solicitud de le hacen a la Alta Comisionada, para que haga propuestas expeditas que garanticen la vida de los venezolanos en medio de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
Fuente: