Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- El punto de concentración sigue siendo la calle, así lo confirman representantes de sindicatos y defensores de derechos humanos, al considerar la sentencia a los seis sindicalistas a 16 años de prisión. Lo asumen desde el poder judicial como una manera de criminalizar las protestas lo que les hace permanecer en el reclamo por los derechos vulnerados, así como en apelar tal sentencia.
«Seguiremos buscando justicia y preparándonos para apelar. La sentencia es la persecución y encarcelamiento contra la disidencia en Venezuela», señala Edgar Torres, abogado y defensor de derechos humanos, en torno al caso de Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez, quienes se mantienen privados de libertad desde julio de 2022. Precisa que las movilizaciones pueden ayudar a estas personas que fueron detenidas en el momento en que rechazaban las medidas del Instructivo de la Onapre.
Considera Torres que «el gobierno necesitaba enviar un mensaje», cuando se les atribuyen los delitos de asociación para delinquir y conspiración. Rechaza que no se ajusten los salarios, que se viole la libertad sindical, establecida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y destaca que no rinden cuentas del diálogo tripartito.
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