Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, anunció que el gobierno de Trump apelará la decisión de bloquear la sentencia de revocación del parole humanitario que beneficia a ciudadanos venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, conocida como el programa CHNV.
En una rueda de prensa del pasado martes 15 de abril, la portavoz crítico a la jueza federal de Boston, Indira Talwani, quien tomó la decisión de impedir la revocación, diciendo que “otra jueza distrital rebelde está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva del gobierno. Lucharemos en contra en los tribunales”. Asimismo, aseguró que estaba en conversaciones con los abogados del Ejecutivo estadounidense, pero no entró en detalles al respecto.
La jueza federal dictaminó que el gobierno del mandatario Trump no puede revocar de forma masiva un programa de protección sin que se cumplan los plazos con los que fueron establecidos en un principio, que en este caso son dos años, indicando que “el gobierno debe respetar el período autorizado para cada beneficiario, tal como fue aprobado en el marco del programa migratorio establecido”.
Asimismo, Talwani señaló que al querer eliminar diversos programas de protección, el gobierno debería evaluar cada caso de forma individual.
La revocación del parole humanitario para venezolanos y otras nacionalidades.
Las personas que provienen de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití son los beneficiados por el parole humanitario, que les otorga permiso para ingresar a los Estados Unidos con un patrocinador, ciudadano o residente americano, que pueda recibirlos. Quienes obtienen este beneficio tienen un plazo de dos años para poder residir y trabajar legalmente en el país.
Talwani explicó en su sentencia publicada el 14 de abril que “los demandados no han ofrecido ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un periodo específico a salir antes de la fecha original de vencimiento de su libertad condicional”.
Entre sus argumentos también estaba que los límites regulatorios de la Ley de Procedimiento Administrativo no estaba siendo cumplida por el gobierno de Trump al querer ignorar los plazos de dos años que deben cumplirse.
Una sentencia que busca proteger a diversos migrantes.
El medio de comunicación CNN en Español, reveló que la sentencia no obtuvo respuesta inmediata por parte del Departamento de Justicia de EE UU. Esta fue una demanda que presentaron migrantes que tienen libertad condicional en conjunto con sus patrocinadores. Su argumento establecía que quitar este tipo de beneficios traería graves consecuencias a miles de personas en el país.
La abogada y directora de estrategia legal para los programas de refugiados de Human Rights First, Anwen Hughes, declaró en apoyo a quienes se verían afectados por esta revocación que “En nombre de todos aquellos que llegaron a Estados Unidos a través del programa CHNV, hicieron todo lo que el gobierno les pidió y han estado viviendo con el temor de que su estatus legal y sus permisos de trabajo les fueran retirados el 24 de abril, nos sentimos aliviados por la decisión del tribunal, que se basa tanto en el daño que estas personas sufrirían como en su probabilidad de ganar este caso”.