• Especialistas en planificación urbana sostienen que la valoración inmobiliaria ahora prioriza la resistencia sísmica y la legalidad del suelo.
• Tras recientes eventos telúricos, la omisión de estudios geotécnicos y el incumplimiento de normas de zonificación comprometen la estabilidad física y económica de las viviendas.

Carlos Pacheco, urbanista y director del Departamento de Planificación Urbana de la UCLA, indicó que en la nueva Ley Especial de Arrendamiento de Viviendas se prohíbe el alquiler de inmuebles que estén ubicados en zonas declaradas de alto riesgo por las autoridades competentes.

«Tras los terremotos del 24 de junio, el valor de una vivienda no se estipula solamente por la cantidad de metros cuadrados o precios de construcción, sino que el valor real de un inmueble está ligado a la legalidad de su uso y a la seguridad estructural de las edificaciones en nuestros ámbitos urbanos», expresó.

Seguridad estructural expuesta por actividad sísmica

El profesor universitario indicó que las construcciones residenciales deben tomar en cuenta las vulnerabilidades de las zonas ante inundaciones y eventos naturales, como terremotos. Asimismo, señaló que el doblete sísmico dejó en evidencia las violaciones del ordenamiento jurídico urbano, el incumplimiento de las normas sismorresistentes de muchos inmuebles, el irrespeto a las áreas de seguridad de quebradas y canales, el incumplimiento de los usos de suelo normados en las ordenanzas de zonificación y el uso excesivo de densidades no permitidas.

«Uno de los grandes problemas actuales al tramitar permisos o autorizaciones de construcción es que los estudios de suelo, que nos indican el soporte geotécnico del terreno, no se están realizando adecuadamente o no se están solicitando. Es un documento que se ha estado omitiendo y que debemos exigir nuevamente, pues resulta fundamental para evitar el sobredimensionamiento y fallas estructurales en las edificaciones», expresó.

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