Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Cuatro relatores con mandatos especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresaron su preocupación por la persistencia del clima hostil en el que las organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos desarrollan sus actividades en Venezuela, reseña El Nacional.
«Sin perjuicio de la facultad estatal para regular la actividad de las organizaciones no gubernamentales, varias de las disposiciones vigentes o en proceso de aprobación en Venezuela dan motivos de preocupación, por cuanto podrían emplearse para entorpecer la labor de dichas entidades», dijeron en un comunicado.
Los relatores recordaron que en abril de 2020 el Gobierno de Nicolás Maduro impuso varias normativas que limitan la práctica de las ONG, comenzando por el registro de nuevas organizaciones, hasta la amenaza de legislación restrictiva, por lo que instaron al gobierno a abstenerse de dictar leyes que pueden limitar su funcionamiento.
Además, hicieron mención que en diciembre de 2020, algunos expertos manifestaron su preocupación pon los ataques contra la sociedad civil.
«En un informe publicado en junio de 2021, la Oficina de la Alta Comisionada lamentó que las autoridades hubieran adoptado reglamentos que afectaban la libertad de asociación y reunión, haciendo especial mención a la reintroducción en la Asamblea Nacional del proyecto de Ley de Cooperación Internacional, cuyo contenido había sido motivo de reservas en oportunidades anteriores», agregó el texto.
En dicho informe también se menciona que tales medidas han sido implementadas a la vez que varios altos funcionarios del gobierno calificaban públicamente de delictiva la recepción de financiación extranjera por parte de varias organizaciones de la sociedad civil.
«El informe también establece que los controles legales y administrativos adicionales introducidos en el registro, la financiación y el funcionamiento de las ONG agravaron los obstáculos preexistentes a su trabajo, señalados en informes anteriores».
«La acumulación de registros y las amplias facultades de control otorgadas a la Administración tornan oneroso el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y las exponen a la discrecionalidad de las autoridades de aplicación».
Asimismo, señalaron que algunas de las ONG han sido criminalizadas y etiquetadas como «criminales», «mercenarios», «ladrones», «terroristas» y «enemigos del Estado», incluso en los foros de las Naciones Unidas y en los portales en línea afiliados al gobierno.
Quienes suscriben el documento son la relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.