Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Hasta hace algunos años cuando se hablaba de asistencia humanitaria se pensaba primero en países como Haití, en nuestra región, y en la mayoría del continente africano. Pero hoy en día la primera realidad que salta a la vista, por su magnitud y complejidad, es Venezuela con su profunda crisis.
A propósito del día internacional de la Acción Humanitaria, este 19 de agosto, el medio Noticias conversó con Susana Rafalli, experta en la materia.
Rafalli precisó que la emergencia humanitaria compleja en Venezuela hay que mirarla desde dos puntos de vista. El primero tiene que ver con el sufrimiento y padecimiento de las personas por múltiples causas «en los ámbitos de salud, alimentación e integridad personal de la población en movimiento».
El segundo ángulo que expone para evaluar este ámbito en todo el territorio nacional es el alcance del trabajo de los activistas dentro del espacio humanitario venezolano.
Desde esta perspectiva, mencionó las cinco amenazas que atentan contra el servicio humanitario en el país.
La primera está referida a que «el cuerpo humanitario en el país sigue sin vacunarse y sin recibir una mirada ni del Estado ni de la cooperación internacional a quienes les implementamos los proyectos en el país, estamos completamente expuestos, contagiados, y hemos perdido gente en el camino».
La segunda amenaza tiene que ver con la crisis de combustible. Problema que Rafalli describe como «muy complejo, eso nos ha limitado mucho nuestra capacidad de movilización dentro del territorio, no podemos acceder a los lugares donde la gente está sufriendo».
Como tercer factor que se contrapone a la efectividad de la acción humanitaria es la pérdida de la capacidad de la moneda nacional. «El personal humanitario está manejando ahorita presupuestos en bolívares que se vuelven polvo en cuestión de semanas, estamos con mucha dificultad para realizar una acción humanitaria transparente y auditable para tener acceso a divisas en un mercado que no es legal».
Un cuarto elemento en contra es más alarmante. La reconocida activista lo denominó como la inseguridad. «Hemos tenido que negociar el acceso humanitario con grupos irregulares paraestatales que están en el control de territorios en zonas muy pobres y necesitadas del país».
Denunció que no cuentan con mecanismos de articulación para poder moverse con seguridad para proteger su integridad física y preservar la legalidad «de nuestro trabajo».
Finalmente, y como quinta amenaza, mencionó las crecientes trabas que está poniendo el Estado, a través de «más requisitos para permitirnos trabajar con legalidad, tenemos que pasar por una serie de trámites burocráticos en la oficina contra la delincuencia organizada y el terrorismo, eso nos limita mucho y nos hacen incurrir en procesos que van en contra de nuestros principios humanitarios».
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