jueves, 3 octubre 2024
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Propietarios de empresas y tierras expropiadas sin claridad en proceso de devolución de sus bienes

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Las conversaciones entre Gobierno y sector privado se están desarrollando con total confidencialidad, pero Frank De Armas, presidente de Fedecámaras Yaracuy, informó a LA PRENSA de Lara que se discute la entrega de más de 1.300 empresas entre agroindustrias, hatos ganaderos y fincas agrícolas que fueron expropiadas o expoliadas hace más de 14 años, cuando el gobierno del exfallecido presidente Hugo Chávez inició su política de intervención a la propiedad privada, con la excusa de prometer el desarrollo de la soberanía alimentaria en Venezuela. La entrega sería directamente a sus dueños originales.

«Muchos propietarios recibirán ese patrimonio y le inyectarán capital, porque se los están entregando destrozados«, indicó Nicanor Oropeza, director de Fedenaga, quien asegura que más de 500 propiedades en discusión son del sector agropecuario.

Los términos en las que serán entregadas esas empresas se desconocen, pero Oropeza destacó que el Gobierno las entregará sin el compromiso de resarcir los daños económicos ocasionados a empresarios nacionales y extranjeros en todo este tiempo, tal como ocurrió con el Sambil, en la parroquia La Candelaria de Caracas, una estructura que en el 2008 fue tomada por el oficialismo para utilizarla como refugio de damnificados, posteriormente pasó a ser un depósito de electrodomésticos hasta que quedó en total abandono.

Hasta ahora, este centro comercial ha sido la única empresa expropiada devuelta oficialmente. Freddy Cohén, presidente de la Constructora Sambil, ha informado a medios de comunicación que desde el momento en que fue entregado este bien, comenzaron las inversiones y proyectan culminar parte de los trabajos en el último trimestre del año, asegurando que podrán generar 4.000 empleos directos y 6.000 indirectos.

En Yaracuy, según Frank De Armas, están esperando que se concrete la entrega de seis fincas. «Lo que los gremios privados le han planteado al Ejecutivo nacional es que se respete la propiedad y si es un bien de utilidad pública, que las expropien pagando el precio correspondiente, tal como lo establece la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, reformada en 2002», indicó.

Según manifestó Celso Fantinel, presidente de Fedeagro, el estado Yaracuy es donde hay mayor cantidad de medianas y pequeñas fincas expropiadas por Hugo Chávez. Conoce del caso de 120 agricultores de nacionalidad española que han demandado al Gobierno nacional internacionalmente, y cuyos casos fueron presentados ante la Embajada Española.

Una investigación publicada por El País de España el 10 de abril, indica extraoficialmente que se discuten las devoluciones de hatos como El Rodeo, en Guárico, de 3.600 hectáreas; Hato Las Mercedes, en Barinas, con 14.000 hectáreas; el Fundo San Roque, en Zulia, de 176 hectáreas y el Fundo San Antonio, en Yaracuy, de 1.200 hectáreas; el Fundo Buena Esperanza, en Zulia, de 900 hectáreas y el Hato Cristo/El Trébol, en Mérida, de 530 hectáreas; el Fundo San Felipe, en Zulia, de 275 hectáreas; la Hacienda Bolívar, en Zulia, de 4.000 hectáreas; el Hato El Zamuro, en Portuguesa, de 6.200 hectáreas.

Sin garantías

Fernando Camino, expresidente de Fedeagro y coordinador agrícola del Plan País, considera que detrás de estas negociaciones no hay buenas intenciones del Gobierno. «Dentro del régimen hay un doble juego. Hay una corriente tradicional marxista que presiona para que el Estado mantenga la posición que ha tenido desde hace 22 años, de un gobierno centralista, autoritario que interviene toda la economía. Y hay otro sector que apuesta como estrategia a que el régimen haga creer que hay mejoras económicas y que se van a rectificar los errores del pasado, sin caer nuevamente en el estatismo y tendiendo puentes de plata con el sector privado para mejorar su imagen internacional», indicó.

Sostiene que si realmente el gobierno quiere respetar al sector privado tiene que comenzar por eliminar 30 leyes agrarias, entre ellas la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, creada en 2001. «Más de dos tercios de los artículos de esa ley están diseñados para intervenir e irrespetar la propiedad y bienes de los productores, para intervenir en el normal desarrollo de la comercialización. Con esa ley vigente no es posible ningún cambio para el país», denunció.

Andrea Rondón, abogada y representante del Comité Académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), argumenta que aunque el Gobierno pretenda devolver propiedades que ha quebrado, esta medida no representa un reconocimiento de rectificación a su política económica «de destrucción».

«La devolución no beneficia a las víctimas porque no habrá pago de indemnización, tampoco hay una obligación para derogar la mayoría de las leyes que han permitido este tipo de expolios (despojos), bajo el amparo de la ley. Tampoco supone el resarcimiento del daño material no solamente daño emergente, sino lucro cesante, todo lo que dejaron de percibir estos empresarios en 14 años. La indemnización implica el pago de un daño moral, porque hubo una lesión a sus expectativas de vida, muchos dueños lo perdieron todo, hay una lesión a sus proyectos de vida», recalcó.

Desde Cedice Libertad se considera injusto que estas propiedades sean entregadas en total estado de abandono. «Lo que vemos es un cambio de patrón de la destrucción de la sociedad. Como ya el régimen no tiene activos que destruir va a devolverlos. Esos activos pasaron a ser pasivos que en nada representan una verdadera voluntad de cambio», manifestó.

Desde el 2000 hasta el 2015, una investigación de Cedice Libertad, la UCAB y la Universidad Monteávila señala que se registraron 113 «adquisiciones forzadas» decretadas y publicadas en Gaceta Oficial.

Exigen un cambio económico

Andrea Rondón, abogada, miembro de Cedice Libertad, plantea que para recuperar la seguridad jurídica y que el sector privado tenga garantías para invertir se deben eliminar las leyes creadas por el oficialismo desde el año 2000. Haciendo énfasis en las frecuentes reformas de leyes aprobadas sin discusión pública por la Asamblea Nacional, electa el 6 de diciembre de 2020.

«Hemos detectado que hay una transformación del ordenamiento jurídico para que el régimen se sostenga en el poder. Se debe eliminar la Ley de Precios Justos, todo el tema de control de cambio, incluso la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), porque la manera cómo el Ejecutivo nacional ha llevado la política monetaria también es una manera irresponsable de violar la Constitución», exclamó.

Haciendo referencia a los cuatro años de hiperinflación que registró el país y a leyes como la reforma del Impuesto de Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que han vuelto a disparar la inflación mensual del país a dos dígitos.

«También hubo una reforma de la Ley de Registro Público y de Notarías. Ese es el tipo de actuaciones legislativas que hay que detener. Ahorita se habla de una reforma de la Ley de la Actividad Aseguradora que termina siendo incluso más punitiva que la anterior. No hay que creer solamente estas medidas de «vamos a devolverte los activos», y en paralelo se estén creando un conjunto de leyes punitivas», mencionó.

En materia agraria, Fernando Camino, expresidente de Fedeagro, sostiene que se debe derogar La Ley de Pesca. «Porque es totalmente arbitraria y centralista por controlar todas las actividades del sector pesquero y prácticamente acabar con la pesca industrial, lo que hay es una incipiente pesca artesanal que está ahora azotada por la falta de combustible. También es necesario un cambio en la Ley de Financiamiento Agrícola porque hablan de un financiamiento socialista, cosa que en un país desarrollado del mundo no se aplica. Es una ley que incluso secuestra los fondos para la agricultura. «La banca privada sólo le otorga créditos a la lista de empresarios que el gobierno ordena», destacó.

Cambios no otorgan libertad

La abogada, Andrea Rondón, considera que en Venezuela se está registrando un «mercantilismo salvaje» al mejor estilo de países como China, porque a pesar de que Delcy Rodríguez, ministra de Economía y Finanzas; Tareck El Aissami, vicepresidente Sectorial de Economía y el presidente de la República, Nicolás Maduro, busquen hacer creer a la población que el país se está enrumbando hacia el crecimiento económico, la realidad es que los beneficiados son sólo un pequeño sector. Las políticas que incentivan siguen careciendo del respeto a la libertad.

«Venezuela es un perfecto ejemplo del mercantilismo, como China que intentó ser modelo en la pandemia del tipo de medidas económicas adecuadas, según sus intereses, y promovió el confinamiento para evitar contagios, pero en la actualidad sigue siendo una dictadura donde no hay Estado de derecho, no existen reglas claras, no hay transparencia. Esta sensación de bienestar no es sostenible en el tiempo y favorece a unos pocos solamente», recalcó la académica de Cedice Libertad.

Exigen pagar por daños provocados

El pasado 24 de marzo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ordenó pagar al Estado venezolano la cantidad de 1.481 millones de euros a la compañía matriz española Agroinsumos Ibero-Americanos, junto con las empresas Inica Latinoamericana, Proyefa Internacional y Verica Atlántica, por la expropiación de su propiedad en Venezuela en el año 2010.

De acuerdo con este árbitro, la medida del chavismo constituyó una violación del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Venezuela que data desde 1995.

Invasiones siguen activas en predios

Nicanor Oropeza, director de Fedenaga, informó que a la par de estas negociaciones para la restitución de empresas del sector privado se mantienen activas al menos 40 invasiones a fincas productivas en el estado Barinas, donde a su vez han sido secuestrados tres productores en lo que va de año.

«El modus operandi es destrozar la finca para después denunciarla como finca no productiva ante el Instituto Nacional de Tierras», indicó.

Antonio Escalona, presidente de la Unión Agrícola y Ganadera de Los Andes (Unagandes), denunció que los invasores se identifican con partidos del gobierno.

 

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