Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- «Los presos políticos quedaron abandonados en Venezuela. Son un problema para su familiar, su defensa, pero el resto de la sociedad civil y sobre todo los partidos los han dejado en el olvido», así lo asegura Joel García, abogado penal y defensor de derechos humanos, al indicar que tras una paralización en la mesa de negociación en México las personas que han sido detenidas arbitrariamente desde 2003, por ser disidentes del Gobierno no han tenido opción a medidas humanitarias, indultos, sobreseimiento o rebaja de pena, aunque los delitos por los que han sido acusados o juzgados no han logrado ser comprobados.
En el país no hay cifras oficiales de cuántos presos políticos existen, sólo estimaciones de ONG. Foro Penal Venezolano, hasta el 29 de mayo contabilizaba 285 personas detenidas, 154 son militares, 20 mujeres y 111 civiles. Pero ONG como Justicia Encuentro y Perdón (JEP) manejan otras estadísticas. Un informe presentado en la última semana de mayo, señala que hay 311 personas presas políticas detenidas (291 hombres y 20 mujeres). García alerta que en el país pueden haber muchas más víctimas.
«Hay otras personas que están detenidas por circunstancias políticas que las ONG no dan a conocer porque las familias no quieren que se les haga cobertura mediática. Pero sabemos que existen muchos casos con ribete político. Por ejemplo, los detenidos por corrupción en Pdvsa, esas personas pudieron haber cometido algún delito, pero el procedimiento que se les está dando es político», alegó el jurista.
Explicó que si bien se les acusa por atentar contra el patrimonio del Estado, no tuvieron opción a defensa privada, no fueron llevados a un tribunal, sino que se diseñó una sala especial para sus audiencias, que además no fueron públicas y se realizaron en horas nocturnas. García precisa que a la fecha no se sabe ni siquiera con precisión los cargos por los que los imputan.
«En el caso de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, ¿bajo qué condición está en Venezuela?, ¿por qué no sabemos nada de él?, ¿por qué no ha sido trasladado a un tribunal de control dentro de las 48 horas como lo estimula la Constitución? El caso de los presos políticos en el país va más allá de una cifra. Y cuando uno es defensor de DD. HH., no se tiene que calificar a la persona por quién es, o lo que hizo, sino que basta con que le violen esos derechos para que un activista alce su voz, porque por criminal que sea una persona tiene derecho a tener un debido proceso en el país», sentenció el defensor de derechos humanos.
Mario Perdigón, politólogo, sostiene que si bien los presos políticos deberían ser un bastión de lucha para que la oposición presione al Gobierno por su libertad, la realidad es que el discurso de la mayoría de los dirigentes, sobre todo de quienes aspiran a ser candidatos en las primarias se ha enfocado en dos temas: elecciones y levantamiento de las sanciones internacionales.
Para Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, la causa fundamental de que los partidos dejen a un lado el tema de los disidentes políticos presos es la atomización en que se encuentra la oposición, sobre todo luego que en los últimos años el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha intervenido directivas, colores y siglas de sus partidos, y por las acciones que desde 2015 ha ejecutado la Contraloría General de la República, aplicando inhabilitaciones políticas hasta por 15 años, a por lo menos 30 políticos opositores desde entonces.
«Hay que entender que aquí no es candidato el que quiera, sino el que el Gobierno deje. Por eso, los principales dirigentes se han autocensurado y evitan hablar de temas que pueda significar su inhabilitación, o que no se les levante esa sanción en unas presidenciales 2024. Por eso, muchos evitan hablar de los detenidos arbitrariamente, no se expresan sobre los crímenes de lesa humanidad ni las investigaciones que lleva la Corte Penal Internacional (CPI). Decir que omitir el tema de los presos políticos es voluntario, es negar la existencia de que en Venezuela no hay democracia», comunicó Daniels.
Martha Tineo, coordinadora de JEP, expresa que lo más lamentable es que mientras los partidos y el Gobierno abandonan el tema de los presos políticos, la mayoría de los que están tras las rejas se mantienen en condiciones deplorables de salud, desnutrición y grandes signos de tortura.
«Los presos políticos están muriendo cada día, de a poco por las condiciones de reclusión, por la desatención de una vida digna, porque no cuentan con alimentación, agua potable, atención médica, insumos. Sus familiares igual están agotados, porque son quienes deben cubrir todos los gastos en la cárcel. La mayoría de los presos políticos son hombres en edad productiva, lo que representa que al estar detenidos su familia pasa a integrar la escandalosa cifra de pobreza extrema. Tenemos madres que ahora son la responsabilidad económica del hogar, pero al mismo tiempo dividiendo el poco dinero que pueden ganar con los gastos del penal», denunció.
Joel García precisó que los presos políticos en Venezuela no tienen ni siquiera opción a una rebaja de su pena o libertad condicional a través del Plan Cayapa, instrumento judicial para disminuir el retardo procesal.
«Diputados nacionales forman parte de una comisión que se trasladan a los penales junto a jueces y fiscales y son quienes deciden quiénes salen y quiénes no, y bajo qué condiciones. Y las condiciones generalmente es que los presos que tienen mucho retardo procesal se confiesen culpables, para que así le den una rebaja de la pena. Pero los presos políticos no entran dentro de esos planes de descongestionamiento», reveló.
El abogado, Joel García, indicó que la sociedad no debería dejar de lado el tema de los presos políticos porque todo el sistema judicial venezolano carece de autonomía, controlado por el Poder Ejecutivo.
«En Venezuela no hay una Defensoría del Pueblo, no hay una defensa de DD. HH., ni actuación transparente de la Fiscalía. No hay jueces que respeten la institucionalidad. No es posible que un policía arbitrariamente detenga a una persona y que un fiscal no se percate que esa decisión es arbitraria para solicitar su libertad, sino que el fiscal se suma a esa arbitrariedad para también imputarlo. Y no es posible que un fiscal te acuse, te impute por una detención arbitraria sin que exista un juez de control que lo frene, que diga: mira, esta detención está mal realizada, es arbitraria, es inconstitucional, en consecuencia usted debería tener libertad. Sino más bien, ese juez convalida es arbitrariedad. Pero mejor aún es que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como máximo y último intérprete de la constitucionalidad, en vez de ponerle un coto a todo eso lo avala con sus sentencias inconstitucionales», exclamó.
Denunció que en Venezuela hasta por expresarse han detenido a una persona. Señaló el caso de Franks Cabaña, preso político desde el 13 de septiembre de 2017, implicado en el caso de Oscar Pérez. «El mismo día que Oscar Pérez decidió sobrevolar Caracas con un helicóptero del Cicpc, en la mañana Franks realizó una llamada telefónica a Pérez para cobrarle un dinero, y por esa simple llamada tiene más de cinco años tras las rejas en el penal de Yare III. Estamos celebrando el juicio, dilatado que tiene más de dos años en el Tribunal Primero de Terrorismo de Caracas. Lo acusan de terrorismo, traición a la patria, conspiración, por una simple llamada, que si bien es cierto hubo el contacto, nadie sabe lo que hablaron. Es la única persona que sigue presa por ese caso», informó.
Sostiene que un caso no debería durar más de un año para que cumpla todas las etapas judiciales, pero la realidad es que en el país hay presos políticos que tienen hasta dos años sin haber iniciado su proceso penal.
Raiza Ramírez Pino, defensora de DD. HH. de Táchira, indicó que las cifras de presos políticos que mantiene Venezuela no ha variado desde 2004, porque se aplica la tesis de la «puerta giratoria».
«Consiste en dejar en libertad algunos presos políticos y de inmediato encarcelar a decenas de personas», expresó.
En este estado andino destaca el caso de Javier Tarazona, director de FundaRedes, detenido de manera arbitraria el 02 de julio de 2021, por denunciar la presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela y la violencia en la zona fronteriza.
«El caso de Javier Tarazona se lleva en Caracas por los tribunales de terrorismo, está en fase de juicio con retardo procesal por el continuo diferimiento en virtud de que no asisten los funcionarios policiales ni testigos, o no es trasladado él desde donde está privado de libertad», informó.
El 30 de noviembre de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de Tarazona para que se le dé su libertad, sin ser acatadas por jueces del país.
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